Recurriendo a un término más propio del ámbito de los negocios, es muy positivo y deseable que una relación binacional madure hasta alcanzar ese punto en el cual puede calificarse de gana gana. Un escenario donde ambos Estados logran trabajar armónicamente, obteniendo beneficios mutuos que se trasladan a sus respectivas institucionalidades.
En este sentido, no hace falta ser un consagrado estudioso de las relaciones internacionales para saber que la de los vínculos entre Colombia y Estados Unidos ha sido una historia con más de un sobresalto y no siempre ha avanzado en tal dirección. En ocasiones, incluso, en la opuesta.
Pero, así como se debe reconocer lo anterior, es justo afirmar que en tiempos recientes, y muchas veces lejos de los reflectores, dicha relación ha sabido dar pasos en una dirección que, sin duda, es la correcta. Por supuesto, el narcotráfico sigue siendo imprescindible en la agenda, pero es justo destacar que este ya no es la gran camisa de fuerza que fue por muchos años. Y esta realidad ha tenido un impacto muy positivo.
Es en este nuevo contexto donde se ha dado el trabajo para luchar contra los tentáculos del crimen organizado, sobre todo aquellos que han penetrado los sistemas financieros de ambos países.
Aquí entra en escena la cada vez más pertinente lucha contra la corrupción, una expresión más de este flagelo. Las recientes declaraciones del embajador del país del norte en Colombia, Kevin Whitaker, para anunciar, entre otros puntos, que perderán su visa quienes sean formalmente acusados por la Fiscalía General de la Nación son una señal más de que, en esfuerzos descomunales como este de la lucha contra los corruptos, Colombia tiene un importantísimo aliado en Norteamérica. Es un endurecimiento de los filtros, consecuencia de las nuevas políticas de Donald Trump, dirán con razón algunos. Pero ello no excluye el viejo adagio de que el que nada debe nada teme, y ahora estamos ante una medida que puede servirle al país, toda vez que la carta de huir rumbo a Estados Unidos la juegan con frecuencia personas investigadas que después resultan culpables. Por supuesto, y esto debe quedar claro, quienes sean inocentes deben luego tener la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva en las bases de datos de las autoridades migratorias estadounidenses.
Así mismo, es clave decir que en no pocos casos la balanza de los mencionados esfuerzos investigativos no solo está equilibrada, sino, incluso, inclinada hacia Colombia. Así fue en el reciente episodio en el cual un trabajo conjunto permitió la captura del exdirector anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno.
Hay que destacar, por último, que, lejos de tonos impositivos de otras épocas, esta vez el funcionario dejó claras posturas de su gobierno, pero en una actitud de respeto por la soberanía del país para decidir sobre ellas. Se trata de dos asuntos sensibles: la fumigación por aspersión aérea de los cultivos ilícitos y la extradición de miembros de las Farc solicitados por la justicia estadounidense. Un tono que le da legitimidad a su advertencia, fundada y preocupante, acerca de intentos de narcos por colarse en la justicia especial para la paz.
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