El viernes 25 de enero será recordado como el día en el que una mujer puso en su puesto a un presidente de los Estados Unidos de America, conocido por su machismo y maltrato hacia las mujeres. La mujer es Nancy Pelosi, la vocera del partido mayoritario en la Casa de Representantes; el presidente es Donald J. Trump. Después de haber asegurado repetidamente que no cedería ante el cierre parcial del gobierno federal que mantuvo en zozobra a más de 800,000 empleados, a menos que incluyera $5,700 millones para su muro fronterizo, Trump aprobó un acuerdo presupuestario temporal que ha permitido la reapertura del gobierno. Dicha medida no incluyó ni un centavo para la construcción del muro, pero el aspecto sustantivo de la disputa que mantuvo cerrado varias ramas del gobierno ha sido simplemente postergado. Es justo decir que esta primera batalla fue, aunque de naturaleza táctica, ganada por los demócratas en el Congreso.
El acuerdo alcanzado entre líderes de ambos partidos, en ambas cámaras legislativas federales, ha postergado la resolución definitiva del conflicto en torno al presupuesto del año fiscal 2019 hasta el 15 de febrero. Esto significa que la negociación político-presupuestaria entre ahora y esa fecha seguirá siendo un tema focal para el país. La Casa Blanca de Trump ya ha dejado claro que seguirá insistiendo en asegurar financiamiento para su tristemente célebre muro fronterizo, aunque la descripción de lo que eso significa ha comenzado a cambiar. En una de sus más recientes conferencias de prensa, el presidente Trump describió lo que él define como muro fronterizo, no como una estructura física tal y como el mismo la ha descrito tantas veces, sino como una serie de medidas de control fronterizo que incluye muchos otros elementos.
Por su parte, líderes del Partido Demócrata, han comenzado a suavizar su postura, expresando apertura a la aprobación de asignaciones presupuestarias cercanas al monto solicitado por el presidente Trump, siempre y cuando no sean fondos exclusivamente destinados a construir un muro. En un artículo publicado por el periódico New York Times el sábado 26 de enero, el representante James E. Clyburn, el tercer demócrata de más alto rango en la Casa de Representantes, afirmó que su partido estaba dispuesto a considerar asignaciones presupuestarias de miles de millones para lo que el llamo un “muro inteligente.”
El cambio en el posicionamiento de ambos partidos sugiere que el impasse presupuestario en torno al presupuesto del 2019 pudiera estar en vías a superarse de manera definitiva a más tardar el 15 de febrero. Pero este cambio no es uno necesariamente beneficioso para los inmigrantes. Las indicaciones preliminares sugieren que la derrota táctica sufrida por el presidente Trump pudiera, al final, ser una victoria sustantiva para la agenda racista y xenófoba que ha dominado el debate sobre extranjeros y política de inmigración a lo largo de las últimas décadas, y que ha sido impulsada con tanto ahínco por Donald Trump.
Uno de los aspectos positivos de la manera en que evolucionó el debate sobre el cierre del gobierno, incluyendo el discurso de Donald Trump del 19 de enero, fue la mención de la situación de incertidumbre en la que se encuentran más de un millón de personas que han tenido autorización migratoria temporal por medio de programas tales como DACA, TPS y Salida Obligatoria Diferida (o DED por sus siglas en Ingles). La administración Trump ha sistemáticamente cancelado estas medidas de protección. En el caso de las personas protegidas por DACA, la vasta mayoría de las personas beneficiarias son mexicanas, seguido de salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas. En el caso de TPS y DED, la vasta mayoría son personas salvadoreñas, hondureñas y haitianas.
Desafortunadamente, aquellos de nosotros que trabajamos en un amplio grupo de organizaciones que promueven los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos no hemos llegado a un enfoque unificado sobre cómo aprovechar al máximo este clima tan difícil y peligroso en la negociación del presupuesto.
Esta situación es particularmente cierta entre las organizaciones que hemos priorizados en los últimos años en las personas que han sido beneficiarias de DACA, TPS y DED. Una de las corrientes de pensamiento dentro de las organizaciones proderechos de inmigrantes sugiere que las únicas iniciativas legislativas merecedoras de apoyo son aquellas que no involucran ningún tipo de medida restrictiva, excluyente y punitiva adicional. Es más, esta corriente de pensamiento exige también un retroceso de las tantas medidas punitivas ya vigentes.
En principio, este argumento tiene mucho sentido. Claramente, no hay necesidad de gastar más en medidas punitivas y de exclusión, dada la historia de los últimos treinta años. Desde 1996, las comunidades inmigrantes, especialmente las de origen latinoamericano, han sido el blanco de una generación de políticas represivas, vigentes hasta este día, que parten de la narrativa que pinta a los extranjeros como una amenaza para el país. Los sucesos del 11 de septiembre del 2001 fueron utilizados para reforzar la narrativa antes mencionada, todo lo cual se ha traducido en grandes costos humanos para la comunidad mexicana y otros latinoamericanos. Si bien fueron sectores extremistas radicados dentro del Partido Republicano, motivados por prejuicios racistas y xenófobos, quienes originaron esta tendencia, la cúpula de dirección del Partido Demócrata se plegó a esta lógica de pensamiento desde el año 2002.
Para poder determinar el curso de acción política más sensato, en lo que resta de la coyuntura política en torno al desenlace último de la negociación presupuestaria, es crucial entender la correlación de fuerza política. Dicha correlación fue definida en buena medida por los resultados electorales de noviembre del año pasado: El Partido Demócrata controla ahora la Casa de Representantes. El Partido Republicano controla el Senado, y Donald Trump sigue siendo el presidente. Más allá de las aspiraciones que uno pueda tener sobre como corregir la errada trayectoria de política pública que el país ha recorrido en cuanto al trato de personas extranjeras que ya viven en los EUA, como de la política de inmigración; la correlación de fuerzas no puede ser ignorada.
Para otro segmento de las organizaciones que abogamos en pro de los derechos de los inmigrantes y en pro de una política de inmigración guiada por el sentido común, incluyendo organizaciones como Alianza Americas, una red dirigida por inmigrantes latinoamericanos, la negociación presupuestaria ofrece una coyuntura política propicia para exigir soluciones específicas para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como los son las personas que han tenido permisos de trabajo bajo TPS, DACA o DED; que la administración Trump ya ha decidido cancelar. Todo lo anterior, sin dejar de denunciar lo absurdo de seguir despilfarrando los recursos públicos para reforzar un andamiaje de políticas públicas basadas en falsas narrativas, incluyendo la que sugiere que los extranjeros son una amenaza para el país.
Entonces, hay una pregunta que sigue vigente: ¿se puede realmente sacar provecho en esta ronda final de negociaciones para beneficiar a las comunidades inmigrantes y proteger a las personas vulnerables que actualmente buscan protección humanitaria en este país? Para poder seguir incidiendo en esta importante coyuntura, vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en las próximas semanas para aprovechar la prolongación de la negociación del presupuesto; para exigir soluciones concretas, de demócratas y republicanos, a problemas urgentes como la cancelación de protecciones temporales que han mantenido a millones de personas protegidas del riesgo de ser deportadas, y con permisos de trabajo, a lo largo de muchos años. Debemos también demandar soluciones ante la negación sistemática de protección humanitaria para personas que han sido forzosamente desplazadas de sus países de origen y que desean solicitar asilo y otras formas de protección humanitaria. Debemos exigir también medidas más contundentes que aseguren el fin definitivo de la separación de extranjeros menores de edad de sus padres.
El peor desenlace de la coyuntura política en torno al presupuesto del año fiscal 2019 sería terminar únicamente con la asignación de miles de millones de dólares para reforzar sistemas operacionales basados en premisas equivocadas (el “muro inteligente” del que hablo el Representante Clyburn), sin que se aprueben soluciones a problemas reales que, de no ser resueltos, desembocaran en nuevas situaciones de crisis humanitarias múltiples a lo largo de los próximos dos años.
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