Después de un período de relativa calma en la tormentosa relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, tres nuevos sucesos han mostrado que el trato entre ambos países sigue siendo ríspido.
Primero vino la solicitud estadounidense al gobierno de Aruba de capturar y extraditar al general Hugo Carvajal, nombrado cónsul de su país en la isla, pero todavía no acreditado, acusado de narcotráfico. Aruba difirió el asunto al gobierno de Holanda, quien desoyó la solicitud estadounidense y liberó a Carvajal.
Luego, el anuncio de que la Casa Blanca impondrá restricciones a las visas de funcionarios venezolanos que visitan EE. UU. por su participación en la brutal represión a ciudadanos venezolanos. El tercer golpe viene en camino. Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio han introducido un proyecto de ley en el Congreso que congelaría los bienes que estos mismos funcionarios tienen en EE.UU.
El canciller venezolano, Elías Jaua, ha declarado que se trata de una nueva ofensiva del “imperialismo”. Tonterías. La verdad, como me dice el experto en Venezuela Michael McCarthy, es que “la preocupación por el narcotráfico y las violaciones de los derechos humanos ha sido una constante de la política de esta administración. La circunstancia es también adecuada para mandar un mensaje porque estamos en un momento de ‘baja intensidad’ en el que las protestas han perdido vigor, el diálogo en Unasur está prácticamente terminado y la oposición y el chavismo debaten internamente su composición organizacional”.
Por su parte, Javier Corrales, profesor en Amherst College, me dice: “No creo que las sanciones sean el camino por seguir, serán contraproducentes. El gobierno de Venezuela siempre está al borde de la confusión interna y estas sanciones solo ayudarán a unificar y reunir a los disidentes, que es lo peor que podría sucederle a la oposición. Sin embargo, si hay que aplicar sanciones, enfocarlas a quienes tienen vínculos demostrables con acciones ilícitas es mucho mejor que tratar de sancionar al Gobierno en su totalidad”.
Yo discrepo. Lo justo, creo, habría sido enjuiciar en Venezuela a los militares, ministros, procuradores de justicia, gobernadores, paramilitares, militares y policías responsables de haber matado a más de 40 personas y herido, encarcelado, golpeado o torturados a miles de ciudadanos que protestaban por la creciente ola de criminalidad, la escasez de alimentos, la espiral inflacionaria, las violaciones de la libertad de expresión, de prensa y de reunión. Desafortunadamente, eso es imposible en la Venezuela actual. El amañado sistema de justicia que Hugo Chávez implantó en el país impide juzgar a los miembros de su represivo sistema político.
En este sentido, aplaudo el anuncio de la Casa Blanca de imponer restricciones a las visas de los funcionarios venezolanos. También concuerdo con Menéndez y Rubio en que para que los represores sientan el rigor de la ley habría que utilizar todos los recursos legales disponibles para congelar sus bienes en este país. Al mismo tiempo, lamento mucho la inexplicable reacción del gobierno de los Países Bajos de ordenar la liberación de Carvajal por razones políticas no jurídicas.
Si Carvajal no es un narcogeneral, la ministra de Defensa de Venezuela debería responder a las tres preguntas que el periódico venezolano Tal Cual le ha planteado: ¿Por qué usted ha guardado silencio ante las denuncias sobre supuestos narcomilitares? ¿Qué piensan en la FAN cuando ven que la DEA tiene en su lista a generales venezolanos? ¿Para cuándo es el acto de desagravio de la FAN al general Hugo Carvajal?
Mientras esperamos su respuesta, no me queda sino apoyar a Washington en sus intentos por castigar a los represores del pueblo venezolano.
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