Nuevamente Texas está a la vanguardia en cuanto a las medidas contra de los migrantes indocumentados. Esta vez un juez federal en ese estado fue solícito con la demanda que el gobierno texano interpuso para que se suspendieran las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de Estados Unidos, con el fin de que más de 5 millones de indocumentados pudieran residir y trabajar en el país.
La semana pasada se concretó otro ignominioso capítulo para coartar el derecho de esos millones de indocumentados a vivir como cualquier individuo en la Unión Americana. El personaje encargado de ese infortunio fue un juez federal que ha vivido toda su vida en Texas y fue nominado por George W. Bush. Otros 26 estados, en los cuales residen 2.3 millones de indocumentados, habían iniciado un procedimiento similar para frenar las disposiciones del presidente.
Sobra decir que quienes gobiernan esos estados pertenecen al Partido Republicano, y buena parte de ellos están ubicados en el sur de Estados Unidos, de larga tradición conservadora.
Los millones de indocumentados que esperaban a las puertas de las agencias postales para enviar las solicitudes que les permitieran acogerse a las disposiciones presidenciales vieron obstaculizadas una vez más sus esperanzas de salir a las calles sin la angustia de ser detenidos o denunciados para su deportación. Aún no está claro qué tan agresiva será la respuesta del gobierno y cuál será su estrategia para revertir la suspensión del juez texano. Sin embargo, a juicio de un buen número de especialistas en cuestiones constitucionales, hay grandes posibilidades de que un tribunal superior revierta esa suspensión, tomando en cuenta que en la Constitución no hay un impedimento para que un presidente emita órdenes ejecutivas.
No está por demás recordar que mediante una de ellas, Abraham Lincoln emancipó a los negros en 1863. Por lo pronto, el gobierno federal ha iniciado el procedimiento de amparo en contra de la suspensión. Se prevé que lo mismo harán decenas de organizaciones de derechos humanos en todo el país.
Comienza una nueva fase en la larga lucha por los derechos de millones de indocumentados, pero no será fácil.
Los sectores más conservadores del Partido Republicano continúan buscando la forma de obstaculizar las posibilidades de que puedan vivir y trabajar tranquilamente. En la Casa de Representantes la mayoría republicana pasó una enmienda para retener los fondos que en el presupuesto para el próximo año están destinados a la Secretaría de Protección Interna, que es la responsable de procesar las órdenes ejecutivas del presidente.
En el Senado, donde también los republicanos son mayoría, hay dudas sobre la pertinencia de aprobar esa enmienda que paralizaría a esa dependencia, una de cuyas funciones es la de salvaguardar a los estadunidenses de acciones terroristas.
No hay duda en que el sector más conservador de los republicanos continuará su carrera en contra de los indocumentados, pero en lo que no hay duda es la carrera va a contracorriente de la historia del país.
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