Desde el año 2007, el número de indocumentados en los EU ha quedado casi constante, con una ligera baja en este periodo, ubicándose alrededor de los 11 millones, según cifras del Centro Pew.
Pero de esta población indocumentada, más de un millón recibieron una legalización de facto durante las últimas dos décadas. Un poco más de 300 mil —la gran mayoría de El Salvador, Honduras y Haití (y unos pocos de Nicaragua, Sudán y otros países)— recibieron el Estatus Temporalmente Protegido (TPS, por sus siglas en inglés), debido a crisis ambientales en sus países. Como parte de este programa, el presidente los designó protegidos contra la deportación y recibieron permisos para trabajar legalmente en EU. Distintos presidentes —Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— hicieron estas designaciones debido a condiciones en esto países.
Mientras tanto, casi 800 mil jóvenes, 79% de ellos mexicanos, recibieron DACA, otra medida temporal para protegerlos de la deportación y dotarles de permisos de trabajo, durante el periodo de Obama. Estos jóvenes, llamados dreamers o soñadores, habían llegado como niños a EU de forma irregular.
Así que si bien había unos 11 millones de indocumentados, casi la mitad mexicanos, en realidad un millón de ellos tenían documentos para trabajar a través de TPS o DACA. Cuando decimos que hay cinco y medio millones de mexicanos en EU sin documentos, en realidad son un poco menos de cinco millones gracias a la protección que recibieron los dreamers.
Las personas cubiertas por los dos programas se integraron muy efectivamente en el mercado laboral, como indica un reporte reciente del Migration Policy Institute (MPI), que siguió las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes DACA, y los del TPS ya tienen hasta más de veinte años viviendo y trabajando en EU.
Ahora todo parece indicar que la administración de Donald Trump quiere acabar con estas protecciones para que estas personas queden sin documentos legales. La semana pasada se anunció la cancelación del programa para haitianos, un poco más de 50 mil personas, y casi seguro se va a hacer lo mismo para los salvadoreños en enero, cuando llega el momento de decidir si se renueva el programa o no, un grupo de unos 200 mil personas o más, y luego los hondureños en abril, un grupo de más de 50 mil.
La lógica de la administración Trump no es de todo errada en el caso de TPS, que es una protección supuestamente temporal pero que siguió renovándose por años y décadas como si fuera permanente. Desde una óptica meramente legalista, tendría sentido el fin del programa en algún momento. Pero este programa siguió precisamente porque no hay una alternativa clara que tiene sentido para las personas que fueron cubiertas por TPS y se integraron efectivamente en la sociedad estadounidense. Pero no tenemos un sistema de transición a la legalidad para los que están plenamente integrados pero en estatus temporal.
Aquí está la ironía central de estas decisiones. Si bien la población indocumentada se estabilizó, después de décadas de crecer, todo parece indicar que estamos en el umbral de subir el número de personas en EU que viven sin documentos. Queda claro que pocos de los que llegaron de Centroamérica y Haití hace muchos años y se volvieron parte plena de la sociedad y del mercado laboral irán a sus países de origen y mucho menos aún de los dreamers que ni siquiera conocen sus países de origen. Así que la solución de quitarles la protección legal, si bien tiene un sustento legal, carece de un razonamiento lógico en cuanto a buscar el bien de la sociedad en su conjunto. Es, por un lado, como tema legal completamente lógico, pero por otro lado como decisión de politica pública profundamente ilógica y dañina.
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