Se frena la muerte anunciada de Albert Brown
Albert Greenwood Brown esperaba ser ejecutado hoy, día 30 de septiembre, a las nueve de la noche. Hace casi 30 años secuestró, violó y asesinó a una niña de 15 años, Susan Jordan. Albert había elegido ya su última cena, pero 30 horas antes de su muerte anunciada se truncaron los planes. El fiscal general dio la orden de frenar la jeringuilla que hubiera llevado la inyección letal cargada de thiopental de sodio.
Brown hubiera sido el primer ajusticiado en más de cuatro años en California, donde el juez federal Jeremy Fogel, paró las ejecuciones hasta que se demostrara que las inyecciones letales, el método utilizado por el estado, no representan un castigo cruel y contrario a la Constitución. California emplea tres inyecciones para ejecutar al reo. La primera se usa para evitar el intenso dolor que provocan las otras dos, pero está por demostrar que es verdaderamente eficaz.
El estado ha adoptado nuevos procedimientos para la pena capital, pero necesitaba el permiso del juez para reiniciar las ejecuciones. Este declaró que ocho días no eran suficientes para asegurarse de que las nuevas inyecciones cumplen con la Constitución. Para cuando el juez tome una decisión, este viernes 1 de octubre, el único suministro de inyecciones letales que posee el Estado se habrá pasado de la fecha de caducidad por unas horas. Así que prácticamente se paran todas las ejecuciones hasta final de año, diga lo que diga el juez, por problemas de suministro.
“Dirigimos nuestro pésame a la familia de Susan Jordan, asesinada por Albert Brown hace 30 años. Llevan décadas subidos en una montaña rusa legal muy cruel”, ha dicho dijo Judy Kerr, quien perdió a su hermano en un homicidio y es ahora coordinadora de la organización Víctimas del Crimen en California por una Alternativa a la Pena de Muerte (CCVADP, sus siglas en inglés). “Es inimaginable lo que estás últimas semanas han representado para ellos”.
Según una encuesta de 2009, realizada por el profesor de la Universidad de Santa Cruz, Craig Haney, dos tercios de los californianos preferirían reemplazar la pena capital con la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con el requerimiento de que el preso trabaje y compense económicamente a la familia de la víctima.
La organización Enfoque en la Pena de Muerte (DPF, sus siglas en inglés) defiende que sería más fácil para los familiares de las víctimas si los asesinos fueran castigados con cárcel de por vida, teniendo que trabajar para contribuir económicamente. Y es que el yo-yó de la justicia capital es para volverle a uno loco.
“La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es un castigo rápido y cierto,” recalcó Lance Lindsey, Director Ejecutivo de DPF, tras conocer la noticia. “Si reemplazamos la pena capital por la cadena perpetua, le ahorraríamos a los familiares de las víctimas este sufrimiento. Y el estado se ahorraría 1.000 millones en cinco años mientras resuelve un caos legal enorme”.
La crisis económica invita a meditar si el corredor de la muerte tiene sentido. Según James Clark, de la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU, por sus siglas en inglés), “la pena capital en California cuesta diez veces más que la cadena perpetua. Con esta crisis presupuestaria, deberíamos hacer el cambio y usar el dinero ahorrado en seguridad pública y educación”.
El primer castigo capital de California fue en 1878, con el fusilamiento de cuatro nativos americanos, acusados de conspiración para cometer un asesinato. Hasta que el tribunal supremo frenara la pena capital, en 1972, se realizaron 709 ejecuciones. En 1977 se volvió a implantar y desde entonces han sido ajusticiados 14 presos. Mientras tanto, el corredor de la muerte del Estado se ha convertido en el más grande del país, con más de 700 reos.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.