En días pasados se ha anunciado que aumentará la presencia de militares norteamericanos. Pese a las diferencias en declaraciones de los ministros de relaciones exteriores, de defensa y del presidente aclarando sobre el tema, resulta que 250 marines ingresarán al territorio nacional. Algunas fuentes indican que se trata de un contingente para operaciones humanitarias y de apoyo ante desastres naturales; otra fuente indica que son ejercicios militares de los que regularmente hacen los ejércitos y otros lo ven como un contingente para combatir al narcotráfico. Dentro de esa variedad de alcances atribuidos a la acción militar y tratando de darle una imagen de independencia al Gobierno de Honduras, la embajada norteamericana adelantó que se presentó una solicitud y que están a la espera de la autorización del Gobierno de Honduras para que la permanencia temporal de los militares se efectúe.
Queramos o no, si esta acción se concreta nos involucra en una lógica militar que quizá nadie aquí en el país puede a ciencia cierta medir y que va más allá del alcance aceptado públicamente por los EUA y del alcance entendido por el Gobierno de Honduras. Tratándose del ejército de un país con presencia internacional, podría ser una clara señal que a Honduras le correspondería desempeñar en el futuro un papel, muy riesgoso por cierto, en las estrategias globales de los Estados Unidos.
Si ese es el alcance, no deberían ser decisiones tomadas en negociaciones secretas, ya que nominalmente existen las instituciones hondureñas que constitucionalmente están encargadas de ventilar esos asuntos. En la historia recién pasada tenemos duras lecciones en Centroamérica y en Honduras sobre ese tipo de compromisos asumidos a espaldas del consenso nacional que tarde o temprano condujeron a profundas crisis políticas y sociales.
Si realmente se tratara de algo relacionado con el combate al narcotráfico, esto pone sobre la mesa asuntos relacionados con la eficacia de las políticas hasta ahora implementadas. Es evidente la incapacidad de las fuerzas gobernantes del país de combatir el flagelo del crimen organizado que no solamente se ha convertido en una amenaza internacional sino que también se encuentra profundamente arraigados en la política y en los negocios. Cualquier intento por combatirlo desde las instituciones mismas ha resultado insuficiente y contraproducente; cualquier intento de sofocar al narcotráfico con los mismos personajes nacionales comprometidos directa o indirectamente con ellos resulta absurdo.
Además es conocido que la corrupción y negligencia desde los altos círculos del poder absorben multimillonarios recursos. Las noticias indican para el caso que las multimillonarias sumas de la tasa de seguridad para el combate al crimen organizado se han invertido en su mayoría en vehículos. Cualquiera sabrá al final quiénes han sido realmente los beneficiados. De allí que el Gobierno pretende hacer creer que a través de acciones militares con el mejor ejército equipado en el mundo finalmente se va a combatir el narcotráfico.
Esto no termina aquí. Seguiremos escuchando declaraciones contradictorias y despistantes. Lo seguro es que EUA está presionando al Gobierno hondureño carente desde hace mucho tiempo de una política exterior definida.
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