Honor and Dignity

<--

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha reivindicado un honor y una dignidad que se creían perdidos al rechazar gallardamente la protesta formulada por Estados Unidos ante el Gobierno dominicano porque esa Corte desestimó la solicitud de extradición de un nacional reclamado por la Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha pretendido que a un golpetazo de un juez o sheriff, la Justicia dominicana incline de inmediato la cerviz y proceda de acuerdo a sus dictámenes y no de conformidad con su obligación de aplicar correctamente el derecho.

Ante la negativa de los jueces de esa Corte a conceder la extradición de Juan Alberto Astwood Burgos para ser juzgado en una corte del Bronx bajo cargo de homicidio, la Embajada estadounidense remitió una nota diplomática de protesta por lo que denuncia como “aplicación impropia del Código Procesal Penal”.

De manera insólita, la Embajada estadounidense expresa “particular preocupación” y temor de que esa sentencia sea utilizada “de manera inapropiada” como precedente en la ventilación de varios casos de solicitudes de extradición ante la Suprema Corte.

Los jueces actuantes han respondido con gran altura y decoro a esa nota diplomática marcadamente ofensiva a la dignidad y fuero soberano del Poder Judicial, al rechazar que la sentencia de marras viole el artículo V del Tratado de Extradición suscrito por ambas naciones el 19 de junio de 1909.

El artículo invocado por la Embajada señala que las limitaciones que rigen la extradición de prófugos deberán utilizarse de acuerdo con las leyes del lugar dentro del cual se cometió el crimen, aunque pretende ignorar el artículo VIII de ese mismo texto que expresa que ninguna de las partes está obligada a extraditar a sus propios ciudadanos o súbditos.

Prevalido en ese texto, los jueces estadounidenses nunca han extraditado a un ciudadano de ese país en casi cien años de vigencia del mencionado Tratado, como bien apuntan los magistrados de la SCJ, por lo que Estados Unidos carece de calidad y autoridad para reclamar reciprocidad o sumisión de la Justicia dominicana.

Los honorables jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia han demostrado, con tan valiente decisión jurídica y rechazo a burda forma de intromisión, que el orden judicial nacional no forma parte ni está sometido a ninguna jurisdicción imperial.

Con esa sentencia y esa histórica carta de rechazo a la nota diplomática de Estados Unidos, los jueces Hugo Alvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce María de Goris y Víctor José Castellanos, han reivindicado el honor y la dignidad de la Justicia y rendido un servicio de inestimable valor a toda la nación.