Huntsville, Texas, 5 de agosto. El estado de Texas ejecutó esta noche al reo mexicano José Ernesto Medellín Rojas, en abierto rechazo a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a las apelaciones de la administración del presidente George W. Bush y a la petición del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon.
El reo fue declarado muerto a las 21:57 hora local, y sus últimas palabras fueron para pedir perdón a los familiares de las dos jóvenes en cuya violación y asesinato participó.
El gobierno mexicano envió una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos por la violación al estado de derecho internacional, pues apenas el 16 de julio pasado la CIJ había exhortado a suspender la ejecución hasta en tanto se procediera a la revisión y reconsideración de su condena, como ordenó desde 2004 el mismo tribunal internacional en su fallo del caso Avena y otros nacionales mexicanos condenados a muerte que no recibieron la asistencia consular contemplada en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La ejecución de Medellín, por vía de inyección letal, se vio retrasada casi cuatro horas después de lo originalmente programado, pues de último momento la defensa presentó una apelación de aplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que finalmente fue rechazada.
Con este último recurso, el equipo legal pretendía posponer la aplicación de la pena capital hasta que el Congreso tuviera tiempo de reformar las leyes para cumplir con la Convención de Viena.
Medellín, de 33 años, dijo que se le negó asesoría del consulado mexicano cuando fue arrestado por las violaciones y asesinatos de dos adolescentes de Houston hace 15 años. Y es que tras un largo proceso judicial ante la CIJ, México logró que este organismo internacional solicitara al gobierno estadunidense la revisión de todos los casos, pues se comprobó que fue violado el derecho a la asistencia consular contemplado en los protocolos internacionales.
Sin embargo, la Corte estadunidense decidió que el estado de Texas no tenía por qué acatar la petición de la CIJ, ignorando también las apelaciones de la administración Bush y la voz del secretario general de la ONU, quien desde México, donde asiste a la Conferencia Mundial del VIH/Sida, dijo que Estados Unidos “debe obedecer la órdenes de la corte internacional”.
Medellín, sentenciado a muerte en 1994 por su participación en el secuestro, violación y homicidio de Elizabeth Peña, de 16 años, y de Jennifer Ertman, de 14, recibió este martes a sus padres y una de sus abuelas detrás de un muro de cristal que le impidió todo contacto físico.
En su protesta, el gobierno mexicano mostró también su preocupación por el precedente que esta ejecución pueda sentar para los derechos de los connacionales que puedan ser detenidos en Estados Unidos. La cancillería señaló haber agotado todas las instancias legales a su alcance, tanto internas como internacionales, con el fin de obtener la revisión y reconsideración del caso a la luz de la falta de notificación consular.
Su ejecución ocurrió luego que una dividida Corte Suprema de Justicia negara las últimas apelaciones de Medellín.
Varias docenas de manifestantes, casi igualmente divididos en número entre quienes se oponen a la pena capital y quienes están en favor, permanecieron afuera del sitio donde se realizó la ejecución.
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