Que un presidente de Estados Unidos tan calculador y frío como ha acreditado ser el actual, el señor Obama, se refiera en una comparecencia pública a los bonus de los directivos de una compañía privada pero intervenida por razones de fuerza mayor, la aseguradora AIG, debe querer decir algo: o bien que el presidente está indignado y no ha podido contenerse o que calcula que es un tema relevante del que espera obtener algún resultado político.
El propio presidente ha señalado que no se trata de un asunto de dinero sino de algo que afecta a “valores fundamentales”. La cuestión es que conforme a los contratos de un buen número de ejecutivos de la fracasada aseguradora, éstos pretenden percibir 165 millones de dólares como gratificaciones adicionales a sus salarios ordinarios, que no son poca cosa. Los contratos están para cumplirse salvo que se llegue a la conclusión, probablemente con sentencia judicial, de que se trata de contratos abusivos, lo cual abre otro capítulo de responsabilidades.
El presidente ha encomendado al secretario del Tesoro que busque la manera que ahorrar a la aseguradora, apoyada por el Gobierno con casi 200.000 millones de dólares para evitar una quiebra aterradora, esos millones de dólares. Si así ocurriera el mensaje a los directivos de Wall Street significaría una advertencia como para poner coto a cierta codicia y a prácticas habituales, que elevan los salarios de un grupo de privilegiados a cifras astronómicas y millonarias. Cifras que pretenden decir que aquellos que no las alcanzan es porque no son brillantes ejecutivos.
El sistema de retribución de ejecutivos (y de futbolistas) adolece de vicios de origen. Incentivos ligados a resultados consistentes bien definidos pueden tener explicación, pero cuando se comprometen sin esas referencias suena a dádiva y abuso. Hoy por ti y mañana por mí, algunos sistemas de retribución se resuelven en familia o clan, unos protegen a otros y todos salen bien forrados.
Los casos conocidos de los bancos de inversión y de otras compañías con problemas con ejecutivos que viven a todo tren en Estados Unidos y en otros países (Alemania también ha conocido tropiezos sonoros) crean eso que se llama “alarma social y escándalo”, lo cual explicaría la intromisión del propio presidente en el debate con voluntad de influir. Claro que una vez que el presidente ha dicho que eso no está bien, algo tiene que pasar, ya que si pasa sin consecuencia el líder se convierte en un charlatán irrelevante, que no produce consecuencias.
La declaración de Obama contra los bonus no es tan importante como la de Bernanke anunciando que no habrá recesión y que lo peor ha pasado, pero hay que instalarse en la misma corriente: trasladar confianza a los ciudadanos.
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