Desde que llegó a la Casa Blanca, Barack Obama se ha mostrado reticente a investigar el pasado, es decir, los puntos negros de la presidencia de su predecesor, George W. Bush. Pero quizá el último escándalo desvelado le lleve a cambiar de opinión. De momento, el fiscal general, Eric Holder, parece decidido a nombrar un fiscal especial para indagar sobre los métodos de lucha antiterrorista en la era Bush, que incluían las llamadas «técnicas de interrogatorio ampliadas», es decir, lisa y llanamente, la tortura.
El último escándalo afecta al vicepresidente, Dick Cheney, que ocultó durante ocho años a los comités de inteligencia del Congreso un plan antiterrorista que preveía hasta el asesinato de líderes de Al Qaeda. El plan era torpe y ni siquiera se desarrolló, pero varios directores de la CIA lo ocultaron y solo ha sido desvelado por el actual, Leon Panetta. La ley de Seguridad de 1947 obliga al presidente a informar al Congreso, pero Cheney se sirvió de la ambigüedad del texto para, según han denunciado varios congresistas demócratas, cometer una «ilegalidad». Aunque el plan estuviera en mantillas y no llegara a ejecutarse –un congresista republicano ha dicho que solo se gastaron 50 millones de dólares–, la gravedad del caso reside en el desprecio al Parlamento que significa la actuación de Cheney.
Una práctica, de todas formas, nada sorprendente en una Administración en la que el poderoso vicepresidente controlaba una especie de gabinete negro en el que igual se creaba Guantánamo que se ordenaban torturas y escuchas ilegales. Al menos este aspecto de la violación de las libertades como nunca había ocurrido en EEUU merece ser investigado.
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