LA SEMANA PASADA, EL FISCAL GEneral estadounidense, Eric Holder, anunció el nombramiento de un fiscal especial para investigar los abusos cometidos durante los interrogatorios a sospechosos de terrorismo en la pasada administración de George Bush.
Holder tomó esta decisión a pesar de las presiones que recibió del director de la CIA —Leon Panneta— en contra de iniciar una investigación formal y también muy a pesar de que el presidente Obama no quería usar el espejo retrovisor en lo relacionado con este tema. Aunque Holder dudó bastante sobre la necesidad de iniciar la investigación, la publicación, días antes de que tomara su decisión, de reportes secretos que develaron gráficamente fuertes abusos cometidos por agentes de la CIA o sus contratistas, constituyeron el factor detonante.
La medida no fue bien recibida. De un lado, los partidarios de crear un escenario en donde la anterior administración sea responsabilizada por sus abusos, insisten en que se trata de un paso poco contundente y que de ninguna forma es suficiente para lidiar con la violación masiva a la integridad de estos sospechosos de terrorismo. De otro lado, los opositores al inicio de la investigación —muchos de ellos republicanos— sugieren que la confrontación que se ha provocado entre la CIA y el Departamento de Justicia es lo último que necesita un país todavía asediado por múltiples amenazas terroristas.
Para aquellos que creen que la administración Obama está decidida a impulsar sin condiciones ni peros su agenda de derechos humanos, las noticias no son enteramente buenas. El mismo día que se anunció públicamente el inicio de la investigación, el gobierno Obama también afirmó que los centros de detención e interrogación fuera de Estados Unidos que puso a funcionar la administración Bush se mantendrán en funcionamiento. Estos centros han sido criticados duramente por activistas que arguyen (con razón) que se encuentran ubicados en países con récords muy pobres en materia de derechos humanos y con un sistema legal débil o prácticamente inútil.
Por si ello fuera poco, esta semana que termina la CIA anunció que no entregará muchos de los documentos sobre sus prácticas de detención e interrogación que se le han solicitado para llevar a cabo esta investigación. El argumento esencial, como reza textualmente en la declaración de 33 páginas emitida por esta institución, es que “hacer públicos los procedimientos de interrogación de la CIA probablemente degradará la habilidad del gobierno estadounidense de interrogar efectivamente a los detenidos terroristas y obtener información necesaria para proteger al pueblo estadounidense”. Entre los documentos que no quiere entregar la CIA se encuentran, por lo demás, la autorización que expidió el presidente Bush en septiembre de 2001 para mantener retenidos secretamente a sospechosos de terrorismo, el texto de los cables que se cruzaron oficiales de la CIA y el personal a cargo de las prisiones secretas fuera de Estados Unidos y, finalmente, las evaluaciones que elaboraron los abogados de la CIA sobre la legalidad del programa de detención.
Los resultados de esta investigación adquieren aún más importancia tras la revelación del muy cuestionable comportamiento de asesores estadounidenses en la embajada de este país en Afganistán. Si el sistema judicial no puede imponer restricciones sobre los abusos que la concentración de poder genera, y si no puede responsabilizar a aquellos que se han extralimitado, entonces estaremos todos a merced del poder estadounidense en cada esquina del mundo. Esta podría ser una noticia preocupante para un país que, como Colombia, ha tomado la decisión de aumentar la presencia estadounidense en su territorio nacional, todo ello bajo un manto de inmunidad todavía altamente cuestionable.
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