El viernes pasado, la Casa Blanca anunció las nominaciones de tres nuevos representantes diplomáticos en Costa de Marfil, Yemen y Colombia. Aunque resta la ratificación formal de los nombramientos por el Senado estadounidense, el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia será en poco tiempo Peter Michael McKinley. Nacido en Venezuela, criado en Brasil y México, educado en Oxford, donde hizo una tesis sobre historia colonial latinoamericana, y diplomático de carrera, McKinley viene de encabezar la delegación de Washington en Perú.
Su designación abre muchas expectativas. McKinley es el primer jefe diplomático enviado a nuestro país en lo corrido de la administración de Barack Obama. Durante su gestión en Lima, Estados Unidos aprobó e implementó el Tratado de Libre Comercio con esa nación andina y firmó un acuerdo de cooperación militar. Son, precisamente, dos de los temas más álgidos en la actual agenda colombo-estadounidense y en los que el balance para Bogotá no ha sido el más favorable. Si bien la designación de un delegado diplomático por sí sola no construye política exterior, definitivamente presenta una excelente oportunidad de fortalecer los diálogos binacionales y de introducir nuevos temas de discusión. McKinley llega a Bogotá en momentos en los que los países latinoamericanos se quejan ante el poco interés de Washington en la región desde los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y lo que es peor: la condición de cercano aliado que Colombia ha forjado durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe hoy es vista como una desventaja en medio de un entorno regional hostil. Todo esto sin contar con las previstas reducciones de los montos de ayuda para el Plan Colombia. Pero libre comercio, acuerdo militar y geopolítica no son los únicos puntos difíciles de la agenda. La cooperación judicial entre Colombia y Washington en los casos de Justicia y Paz es un tema candente que McKinley recibe. El saliente embajador, William Brownfield, sugirió hace pocos días que ambos países deberían fusionar sus sistemas judiciales para que, simultáneamente, los fallos de procesos de tráfico de drogas y de lesa humanidad contribuyan a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. Por último, no es coincidencia que esta nominación se dé a pocos meses de un relevo presidencial en Bogotá. Con un nuevo embajador en propiedad, el próximo gobierno tendrá un mayor margen de maniobra para reforzar intereses, discutir énfasis y negociar nuevas áreas de cooperación diplomática.
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