The Democratic Challenge in California

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Esta semana, los electores de California decidirán con su voto en la elección primaria de junio si preservan el carácter democrático del sistema electoral

que facilita la inclusión de iniciativas ciudadanas o si ceden a las maniobras de dos grandes corporaciones que intentan desvirtuar el perfil ciudadano

del sistema electoral implantado hace ya casi un siglo.

No vaya a pensar, sin embargo, que en California se está gestando un fenómeno semejante al que hoy pervierte el sistema democrático en la Venezuela de Hugo

Chávez. En California, las autoridades electorales encargadas de calificar las elecciones no están sujetas a los caprichos de un caudillo temporal.

Tampoco existe aquí el patronazgo político que caracteriza a las elecciones en la Nicaragua de la presidencia compartida por el ex comandante y su esposa.

Ni hay ningún movimiento “político-social” para refundar al Estado modificando la Constitución para adaptarla a los caprichos del presidente en turno como

sucede en Ecuador y Bolivia.

Tampoco hay peligro de que en California la maquinaria política de un partido intente replicar lo que sucedía en México en la era de la “dictadura perfecta”

y se rellenen las urnas con los votos de los muertos.

El reto a la democracia que hoy se plantea California es perturbador porque desvirtúa un proceso de voto ciudadano directo y lo convierte en un instrumento

político para proteger los intereses de corporaciones, pero es infinitamente más modesto.

Para que me entienda mejor lo que le quiero decir, le cuento los antecedentes del caso y las dos instancias que lo ejemplifican.

Todo empezó en 1911, cuando, alarmado por el poder corruptor que una compañía ferrocarrilera tenía sobre la legislatura estatal, el gobernador Hiram Johnson

ideó un sistema de votación directa que les permitiría a los ciudadanos legislar acudiendo directamente a las urnas.

De entonces a la fecha, entre las llamadas proposiciones ha habido de todo. Algunas veces, no cabe duda, un grupo de ciudadanos se ha organizado para redactar

propuestas que una vez aprobadas por la mayoría de los votantes benefician a sus comunidades.

Otras veces, los diferentes grupos de interés particular han creado engendros como la tristemente famosa Proposición 187, que de haberse convertido en ley

les habría negado entrada al sistema educativo a los niños hijos de inmigrantes indocumentados.

Para esta elección, disfrazada como una iniciativa que pretende defender el bien común, una compañía proveedora de gas y electricidad ha redactado y financiado

una iniciativa que, de ser aprobada, dificultaría enormemente cualquier intento de las autoridades municipales para abrir ese mercado a la competencia

y consolidaría, de hecho, el control casi monopólico de la compañía que financia el proyecto.

Otra proposición, pensada, redactada y financiada por una compañía de seguros, promete a los conductores de vehículos cobertura continua y con descuento

en la prima cuando cambian de firma aseguradora. La realidad, sin embargo, es que de ser aprobada esta iniciativa se alterarían las previsiones actuales

y se permitiría a ciertas compañías, como por ejemplo a la patrocinadora de la propuesta, aumentar el costo de las primas a ciertos tipos de conductores

y obtener mayores márgenes de ganancia.

De tener éxito las dos iniciativas formuladas por las dos corporaciones, dice Dan Schnur, el presidente de la Comisión de Prácticas Políticas Justas, citado

en Los Ángeles Times, se abriría la caja de Pandora, pues las corporaciones o los sindicatos bien podrían decidir que resulta más fácil y más barato defender

sus intereses privados utilizando el sistema de iniciativas ciudadanas que acudir a los tribunales para intentar cambiar las leyes que regulan sus acciones

y les fijan ciertos límites.