Grenade Launchers in the White House?

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¿Lanzagranadas en la Casa Blanca? ¿Y en el Supremo? ¿Y en el Congreso? ¿Y en…?

El Supremo de Estados Unidos, en una histórica decisión, ha declarado que las autoridades municipales del país no tienen derecho a limitar el derecho de sus ciudadanos a tener armas.

Es una decisión, como cualquier otra, opinable y discutible, y cuyas consecuencias prácticas distan de estar claras, porque ahora los Ayuntamientos que limitan ese derecho constitucional (que algunos, incluyendo a expertos legales conservadores de la talla de Richard Posner, que puede ser tildado de cualquier cosa menos de ‘izquierdista’, no ven como derecho constitucional) tratarán de evitar, con todos los recursos a su alcance, que los ciudadanos y agrupaciones que quieran tener armas lo consigan.

Pero el objetivo de este blog es otro. Simplemente, quiero hacer una reflexión acerca de las circunstancias de trabajo que rodean a los políticos y jueces que deciden en esta materia: en sus centros de trabajo, sólo las fuerzas de seguridad pueden llevar armas.

El argumento legal para ello es impecable: cada uno decide en su propiedad el derecho a llevar armas. Y el Estado no las autoriza en esos edificios.

Eso es legal, pero injusto, y una violación de los derechos constitucionales de esas personas.

¿Por qué no puede el presidente del Supremo, John Roberts, llevar una pistola ametralladora a las deliberaciones? ¿Por qué no puede su colega Antonin Scalia llevar un revólver cargado a las sesiones en las que las partes presentan sus argumentos?

No sólo eso: no comprendo por qué en los juzgados—no sólo en el Supremo—o en los Capitolios de los Estados—o en el de Washington—o en las mansiones de los gobernadores no se permite la entrada de ciudadanos armados.

Me parece un grave contrasentido. Más aún cuando en esos locales gubernamentales, las únicas personas que están autorizadas a portar armas son los agentes del orden, representantes, para muchos ciudadanos—entre ellos, acaso, Scalia—del peligro que representa el monopolio de la fuerza por el Estado.

Es lo mismo que con las limitaciones a las armas que los ciudadanos pueden tener. En 2006 y 2009 entrevisté a los propietarios de dos tiendas de armas de Alexandria (Virginia) y Littleton (Colorado, el suburbio de clase alta de Denver en el que tuvo lugar la matanza de Columbine, en 1999). Ambos me explicaron que la tenencia de armas es necesaria “para que los ciudadanos se defiendan del Gobierno”. “¿Pero cómo es posible?”, pregunté yo. “El Estado de EEUU tiene miles de bombas atómicas, una docena larga de portaaviones nucleares, miles de aviones y más de un millón de hombres en armas permanentemente. ¿Cómo se puede combatir contra eso con armas cortas: pistolas, ametralladoras, rifles de caza y cosas así”?

El de Littleton no supo qué contestar. Pero el de Alexandria me dio una respuesta coherente: “Tiene razón. Deberíamos tener derecho a llevar lanzagranadas”. Eran los tiempos en los que las guerrillas iraquíes eran capaces de volar por los aires los tanques M-1 Abrams apuntando bien y de forma simultánea con varios lanzagranadas, así que el hombre sabía de lo que hablaba.

Personalmente, pienso que las deliberaciones de cualquier juzgado ganarían en intensidad jurídica si la defensa del acusado, la fiscalía, los jueves y ¿por qué no, los testigos y hasta los acusados? pudieran llevar uno o varios lanzagranadas. Las visitas a la Casa Blanca tendrían, sin duda, un interés adicional si los turistas poudieran llevar unas ametralladoras.

¿Y no estaría el juez Roberts feliz de saber que por el edificio en el que trabaja circulan unas pocas docenas de funcionarios, demandantes, abogados y fiscales (y ordenanzas y camareros) debidamente armados para defender sus libertades de, precisamente, el juez Roberts?