El 25 de enero el diario New York Times reveló en extenso el contenido de dos cables clasificados enviados por el embajador de Estados Unidos en Afganistán, Karl W. Eikenberry, a sus superiores en el Departamento de Estado. En estas comunicaciones reservadas, el Embajador criticaba duramente al presidente afgano, Hamid Karzai, por sus prácticas autoritarias y poco transparentes, calificándolo de “un aliado no confiable”.
El diplomático expresaba un marcado escepticismo sobre el futuro de su país de seguir enviando tropas a Afganistán, actitud que contrastaba con el optimismo que venía proyectando la Casa Blanca. Eikenberry refutaba los planes de contrainsurgencia que auspiciaba el general Stanley A. McChrystal, jefe de las operaciones de la OTAN en Afganistán.
Las revelaciones del diario abrieron un intenso debate público. Inmediatamente el Secretario de Defensa fue llamado al Senado y el Comité del Presupuesto de la Cámara de Representantes advirtió con frenar las asignaciones presupuestarias. Las operaciones estadounidenses en Afganistán no se detuvieron a raíz de las revelaciones del diario, ni fue esa su intención. Pero el artículo contribuyó decididamente al debate sobre el triunfalismo de Obama sobre dichas operaciones.
El hecho de publicar documentos clasificados a través de una fuente que el diario no relevó no fue ni siquiera materia de discusión. La reserva de la fuente, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público, como una operación militar, está tan arraigada en la tradición constitucional estadounidense que discutir este tema habría parecido extraño. Lo que sí se discutió fue lo que decía el embajador Eikenberry en esos cables.
Bélgica es el país europeo líder en materia de libertad de expresión. Su legislación únicamente permite suspender la reserva de la fuente para prevenir la comisión de un delito en el que la vida de una persona esté en inminente peligro. Nada más. Argumentos como el de la seguridad del Estado, el interés público o conceptos similares no son aceptados.
La Asamblea francesa debate un proyecto de ley destinado a proteger la fuente periodística. Lo ha hecho para compatibilizar su ordenamiento jurídico con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha suspendido leyes, decretos y sentencias de los países de la Unión Europea por considerarlos atentatorios al derecho de los periodistas a mantener la reserva de la fuente.
En Roma hay en estos días manifestaciones por un proyecto de ley -bautizado como ‘mordaza’- que pretende limitar el derecho de la reserva de la fuente, algo que complicaría la labor de los periodistas en sus investigaciones sobre el gobierno y la mafia.
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