La “guerra contra el crimen organizado” en México nació con un pecado original y hasta hoy sólo ha dado malos resultados. Esta “confrontación bélica” ha causado anarquía y una escalada de violencia, de la que ahora resalta el asesinato del candidato a gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas.
La “guerra contra el terrorismo” de George W. Bush dio frutos electorales por una razón simple, la supuesta amenaza terrorista venía de fuera y las batallas se librarían en el extranjero, en Irak o Afganistán y no en territorio de Estados Unidos.
La cruda ventaja que tienen los estadounidenses es que Bush ya no es presidente y que sólo ven los efectos de su guerra en televisión a miles de kilómetros. El grueso de las muertes civiles es de mujeres y niños iraquíes o afganos. Poca gente le aplaude al ejército de EU.
Desde el principio, pareció ingenua la idea de que una “guerra a la Bush”, tropicalizada para combatir delincuencia y narcotráfico, no iba a afectar a las calles y los hogares mexicanos. Las guerras clínicas no existen, mucho menos cuando un ejército no está enfrentando a otro, sino al inestable crimen organizado o a delincuentes del orden común.
En la variante mexicana, se inventó un campo de batalla y se llevó al ejército a realizar tareas para las que no fue concebido, donde se tenía que fortalecer al sistema de justicia y la profesionalización policiaca. De ser una de las instituciones más respetadas históricamente, resultó ser también un damnificado de la construcción conceptual de esta guerra. Dejó de ser un “ejército de paz”, no obstante que no se enfrenta a ninguna otra nación.
Es cierto que en la última década la violencia aumentó exponencialmente. Lo que estaría en duda es si esta mezcla de entre propaganda política y estrategia militar es la más adecuada. De enero de 2007 a la fecha se contabilizan más de 22,7000 muertes relacionadas a la lucha contra el narcotráfico. Y para observadores internacionales como Human Rights Watch sorprende que entre 2007 y 2008 sólo cuatro soldados hayan sido responsabilizados de abusos a los derechos humanos.
A partir de 2007, el Índice de Estados Fallidos alerta la gravedad de la confrontación humana, las presiones demográficas y la desigualdad económica en México (Fund for Peace). En 2009 es la primera vez que el aparato de seguridad se encuentra reprobado. Es decir, el monopolio de la violencia se ha roto y hay indicios o síntomas claros de anarquía y fragilidad del aparato de seguridad interna. Esto incluye a policías y a todo al sistema de seguridad, no sólo al Ejército.
Al final del día, la principal afectada es la sociedad mexicana. Se observan a grupos delincuenciales que aterrorizan a sus supuestos enemigos, civiles o políticos que representan algún tipo de oposición a sus acciones; a víctimas que pueden enviar mensajes de miedo a nivel local, regional o nacional.
Por sus dimensiones y contexto, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú puede ser considerado un magnicidio, mas por sus motivaciones puede ser un acto terrorista. Fue un ataque abierto para causar terror y demostrar poder. Se realizó al cierre de una campaña electoral con un candidato que tenía casi asegurada la victoria en Tamaulipas. Es un desafío a las instituciones, a la democracia electoral y a la tranquilidad de la gente.
La conclusión es muy clara: esta “guerra a la Bush” trajo los combates a las calles y las casas mexicanas y ahora ni el Ejército Mexicano ni los cuerpos de seguridad pueden irse repentinamente, como no lo han hecho las fuerzas estadounidenses en Irak. Para México, la recomendación sigue siendo copiar lo que sirve y no mezclar la estrategia militar con la propaganda política para resolver problemas de seguridad pública.
Doctor en ciencias políticas por la
Universidad de Tübingen, Alemania
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