The New Arizona Immigration Law

<--

Este fin de semana entra en vigor, con algunas acotaciones gracias a la intervención de Susan R. Bolton, jueza federal de Estados Unidos, la muy llevada y traída Ley Arizona. Más que una ley, es un paquete de reformas a leyes estatales, de manera que policías estatales y de los condados, puedan suplir a las autoridades federales de EU para detener a cualquier persona si hay “sospecha razonable” de que es inmigrante ilegal.

Dicha ley responde a presiones electorales de la mayoría blanca de Arizona (poco más del 60%), que perciben a los indocumentados como una amenaza, por una parte, a la “integridad cultural” de EU, algo mítico en los 13 estados originales de ese país, ya poblados por otros grupos, pero que resulta surrealista en estados como Arizona, donde la mitad de los pueblos, ríos y sierras tienen nombres en español; por la otra, la mayoría blanca los percibe como una amenaza a sus privilegios.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores en Arizona se encuentran entre 400 mil y 530 mil mexicanos indocumentados.

Por lo pronto, la ley se aplicará parcialmente; luego de lo cual el gobierno federal la disputará y, seguramente a finales de este año, la Suprema Corte deberá resolver las demandas que sean presentadas.

Más importante que estas acciones es la historia de la resistencia de distintos actores contra esa ley. Se ha dado mucha publicidad, por ejemplo, a un video del National Council of La Raza, en el que varios preguntan si se ven o no como hispanos. El video se transmitirá en Times Square, en Nueva York, en estaciones de TV y You Tube.

Sin embargo, hay otras organizaciones que trabajan contra esta ley. Entre los actores más destacados se encuentran organizaciones religiosas, cristianas, judías y musulmanas, entre otras denominaciones, que han desempeñado un papel clave para las comunidades de inmigrantes, pues les ofrecen los primeros espacios para integrarse a la vida allá.

Las organizaciones religiosas tienen un conocimiento puntual de los problemas y los aportes que los inmigrantes, con o sin papeles, hacen a la economía y a la vida pública; por ello, desde mediados del siglo XIX, además de facilitar su integración, las iglesias promueven reformas a favor de los inmigrantes.

En lo que hace al catolicismo, destaca el trabajo de la Conferencia de Obispos Católicos de EU que, a pesar de las muchas dificultades que ha enfrentado en los últimos años, no dudó ni un momento en movilizar sus recursos materiales y su capital simbólico en apoyo tanto de los inmigrantes, como de los esfuerzos que distintos legisladores han hecho para modificar las laberínticas leyes de migración de EU.

Una consecuencia lógica de la labor de la Conferencia de Obispos de EU, es el trabajo de organizaciones de la sociedad civil de inspiración católica, como la Catholic Legal Inmigration Network, Inc., conocida como CLINIC y que, con publicaciones de distintos tipos, desde su sitio de Internet (http://cliniclegal.org/) y redes sociales como Facebook, desarrolla —desde que en 1988 los obispos de EU promovieron su creación— un intenso cabildeo para modificar la percepción que se tiene de los inmigrantes en EU.

CLINIC, cabildea a favor de leyes justas y humanas, que tengan a la familia como su preocupación central, inspirada en los principios de la doctrina social de la Iglesia, que traducen en dos planos: Uno, el de la conciencia de la difusión de las realidades que enfrentan los inmigrantes, incluidos los aportes que hacen a la economía de EU, y dos, más difícil y laborioso, de ayuda a quienes enfrentan los complicados juicios de migración. Es una institución, pues, que hace realidad los principios de la enseñanza social de la Iglesia.

CLINIC no es la única institución que trabaja en este terreno. En junio de este año, los jesuitas que actúan como profesores en distintas universidades, católicas o no, de EU, visitaron, a petición de sus obispos, el Capitolio, para exponer a los representantes un plan de cinco puntos con el que la Iglesia de EU trata de resolver los dilemas de la inmigración.

Este plan se resume en una vía para la legalización que permita que los indocumentados tengan acceso a los derechos plenos de la ciudadanía; una estructura de empleo legal para los trabajadores del futuro, que proteja a ciudadanos e inmigrantes; reunificación expedita de las familias y énfasis en su unidad; así como la necesidad de un proceso claro y de la aplicación con criterios humanos de las leyes de inmigración, asistencia para el desarrollo económico y acceso justo al mercado para países en desarrollo.

Falta ver si todo este movimiento impacta en la voluntad política de quienes pretenden un Arizona “puro”.