La inminente entrada en vigencia de Ley SB 1070, más conocida como ley antiinmigrante, en Arizona está desatando no sólo una guerra de nervios entre los hispanos que viven en ese estado, sino también mayor actividad contra los indocumentados con redadas y hostigamientos hacia quienes sean considerados “sospechosos” de no cumplir con las leyes del país del norte.
El próximo jueves se cumplen los tres meses de la promulgación y posterior aprobación del ordenamiento jurídico más riguroso que se conoce en la historia del estado sureño. Las protestas que se han venido sucediendo en los últimos tres meses solamente consiguieron dar unos pincelazos con el fin de maquillar la ley y aminorar los daños en Arizona por los boicot anunciados.
Siete días después de la firma de ley, el 30 de abril, la gobernadora Jan Brewer, firmó algunas enmiendas a la SB 1070, contenidas en la ley HB 2162. La preocupación se centró en el impacto causado por el descarado e inhumano cariz racista que evidenciaba la decisión original.
Iniciar la acción policial que podría terminar en captura y deportación con el sólo indicio de “sospecha razonable” cuya fuente fue inmediatamente identificada en el color de la piel, en el habla e, incluso, en la comida, hizo saltar todas las alarmas, pues ni siquiera los legisladores del estado ni la gobernadora se cuidaron de disimular contra quiénes legislaban.
Las modificaciones de la enmienda HB 2162 eliminaron que la Policía pueda utilizar el perfil racial para detener una persona, pero extendieron la autorización para determinar la situación migratoria de las personas a los policías locales (estatal y municipal), a inspectores y representantes locales, del condado y del estado. Lo de lo racial quedó maquillado con la fórmula de “contacto legal”, es decir, cuando ocurra “una parada legal, detención o arresto” para aplicar cualquier otra ley u ordenanza de un condado, ciudad o pueblo de Arizona.
Casi nada, poner el pie en la calle que no sea paso de peatones puede ser inicio del “contacto legal” que desate el proceso y conduzca a la deportación personal sin miramientos hacia la familia, esposa e hijos. La criminalización de la inmigración que desapareció de la letra de la ley persiste, fuertemente arraigada, en el pensamiento de muchos norteamericanos por múltiples razones.
El senador de Arizona y ex candidato presidencial John McCain, defensor de las reformas migratorias, sigue ahora las pautas de la gobernadora Brewer. A él y otros republicanos se refirió el presidente Obama cuando señaló que otros liberales también abandonaron lo que defendían hasta hace poco por el alto costo electoral en noviembre.
Los esfuerzos de Washington por detener la ley no han tenido hasta ahora respuesta en los tribunales, por lo que a las múltiples dificultades que enfrentan los hondureños por causa del desempleo hay que sumar la vigencia y aplicación de esta inhumana ley a partir de pasado mañana.
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