Todavía quedan resquemores de la campaña presidencial de hace dos años. Y cada vez que pueden se lanzan estocadas. Esta vez, fue el turno de la inefable Sarah Palin, la ex candidata a vicepresidenta por el Partido Republicano y ahora líder de los ultraconservadores del Tea Party. Dijo en un programa de televisión que el presidente Barack Obama no tiene “los cojones” (así, en español y repitiéndolo varias veces) para asegurar las fronteras y que no entren más inmigrantes indocumentados.
Obama, que se encuentra con un bajo nivel de aprobación por parte de los votantes, le respondió que “no podemos enfrentar este tema en términos demagogos. No podemos permitirnos un remiendo de cincuenta estados distintos, en el que cada uno quiera lucirse diciendo: yo estoy contra los inmigrantes y quiero resolver yo solo el problema”. Y agregó: “Comprendo el sentimiento de frustración de la gente de Arizona, pero no es la forma de resolver este problema tan complejo”.
En cambio, Palin cree que es la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, “la que tiene los ‘cojones’ (otra vez en español) que no tiene Obama para impedir el flujo de inmigrantes, no sólo en Arizona, sino en todo el país”.
El debate sobre qué hacer con los 12 millones de inmigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos sin una residencia legal se calienta cada vez más. Tuvo un punto culminante el jueves pasado cuando una jueza bloqueó la puesta en vigencia de la llamada ley SB1070 que le daba por primera vez el poder a la policía local a detener a cualquier individuo para pedirle una identificación de residente. Si carecía de papeles en regla, entonces, la policía lo podía entregar a las autoridades de migraciones para su deportación. El resto de esa ley antiinmigrante entró en vigencia pero esas provisiones especiales serán revisadas en noviembre por la Corte Suprema de justicia.
En tanto, el hombre que ocupó el centro de la escena en toda esta controversia, el sheriff de la ciudad de Phoenix y sus alrededores, Joe Arpaio, denunció que recibió una amenaza de muerte por parte de un cartel de la droga de México que, asegura, puso el precio de un millón de dólares por su cabeza. La oficina de relaciones públicas de Arpaio informó que “la amenaza provino directamente de un teléfono celular mexicano”.
En el medio de toda esta controversia se encuentran unos 3.000 argentinos que llegaron aquí tras la crisis del 2001 y que ahora perdieron sus trabajos por el fin del boom económico en Arizona. Viven con temor a que el enfrentamiento político entre estos grupos ultraconservadores y el gobierno liberal de Obama termine con ellos como chivos expiatorios.
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