El 2011 será un año difícil para los mexicanos en Estados Unidos. La mayoría republicana en el Congreso de aquel país planea aprobar varias medidas para inhibir la entrada de nuevos indocumentados y promover la expulsión de quienes ya tienen una vida hecha en la Unión Americana. ¿Qué piensa hacer ante ello el gobierno mexicano? Una década de gestiones infructuosas en materia migratoria llama a replantear lo hecho desde septiembre de 2001 hasta la fecha.
La realidad con la que se ha topado México es que ni siquiera la voluntad del presidente de Estados Unidos es suficiente para vencer el tabú de la “amnistía”. Para gran parte de la sociedad estadounidense, y de sus políticos, legalizar a millones de indocumentados es solapar el hecho de que “violaron la ley”.
A principios de su sexenio, Vicente Fox tenía lo que parecía ser una excelente relación con el entonces presidente George W. Bush. Por desgracia los ataques terroristas del 11 de septiembre echaron por tierra las posibilidades de reforma. Cuando Bush presentó su propuesta de reforma integral al final de su segundo periodo era demasiado tarde. Carecía de la fuerza política para convencer siquiera a su propio partido.
Barack Obama levantó también ciertas esperanzas. Integrante del sector liberal estadounidense, miembro de una minoría racial, afín a las causas sociales, parecía una oportunidad factible. Prometió en campaña una reforma migratoria durante su primer año de gestión. Sin embargo, en medio de la peor crisis económica en décadas y desgastado tras una difícil reforma sanitaria, Obama no pudo cumplir su promesa. Hoy, con un Congreso en manos de los conservadores, las posibilidades de cambio migratorio se antojan mínimas.
En ese contexto, ¿puede hacer algo el gobierno mexicano? Es cierto que intervenir en los asuntos domésticos de un país —aunque involucren a ciudadanos extranjeros— siempre es complicado, sobre todo con una asimetría de poder tan grande como la existente entre México y Estados Unidos. Aun así, hay resquicios donde el gobierno mexicano puede influir. Criticar al vecino y reclamarle puede rendir frutos políticos dentro de México pero más allá de la frontera es diferente.
Se necesita una red de cabildeo en territorio estadounidense. El gobierno mexicano debe encabezar un esfuerzo de persuasión dentro del Congreso de ese país, con cada legislador, para convencerlos de que los costos de dejar en la sombra a millones de migrantes son muy superiores a los beneficios.
La red de consulados mexicanos cubre toda la Unión Americana. Sus titulares deben recibir el mandato de acercarse a los medios locales, a los centros de estudio, a los empresarios y políticos, y convertirse en algo más que en agentes de protección de connacionales.
México debe quejarse cuando se requiera, pero para influir en las políticas internas del vecino hace falta mayor poder de convencimiento.
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