A Country of Immigrants That Doesn’t Like Immigrants

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Tres hombres se aferran a la basura. Desde la loma, en este cálido día de invierno, los montones de desperdicios resultan en apariencia considerables. Pero se antojan escasos para tantos arqueólogos de la miseria. Un corrido desgarra el silencio. “Llegaste demasiado tarde”, propaga una voz enlatada, ubicada en un lugar sin identificar entre un paisaje de edificios desmadejados, cochambrosos, de pintura raída.

“No hay trabajo”, se queja César Ballesteros, de 34 años. “Estoy buscando algo para vender y comprar tortilla”, explica con la mano haciendo de visera, que el sol le molesta al caerle sobre los ojos. Hasta poner la mirada en Estados Unidos resulta un suplicio.

César está a un lado y el periodista al otro. En medio, una valla que separa dos países, el duro despertar mexicano frente al sueño americano, la tierra prometida de las barras y las estrellas. Este tramo de alambrada permite hablar sin gritar, cara a cara. Una estampa carcelaria.

Lo de ahí abajo es Rancho Escondido, un suburbio de Tijuana poblado por 10.000 almas. Encima se sitúa el desértico monte californiano, la extensa nada del llamado sector fronterizo de San Diego. Nunca más adecuado eso de “tan cerca y tan lejos”.

Por una de esas ironías del destino, Cesar Ballesteros, de 34 años, viste una camiseta gris con una leyenda en el pecho: Army. “Esto está muy feo. Mucho crimen, uno no puede salir por la noche. Tenemos al narco por aquí”.

–¿Y no prueba a dar el salto?

–¡Claro que he intentado saltar la valla! Me agarró la migra y me echó para atrás. Cuatro veces.

Cuenta que su familia reside en California. Cinco hijos. Se casó a los 15 y ya tiene una criatura de 17. “Yo también pasé, pero me metí en problemas. Iba manejando tomado”. Ahora no dispone de los 5.000 dólares que le piden los polleros para darle la pértiga.

Tampoco estos son buenos tiempos para intentarlo. En el 2010 hubo por primera vez más gente que regresó a México de la que hizo el trayecto a la inversa. Las remesas monetarias que recibe este país de sus inmigrantes cayeron bastante respecto a los 25.000 millones del 2007-08.

La depresión económica del vecino rico se ha convertido en un factor inesperado de regulación de uno de los temas candentes en la vida cotidiana estadounidense. La crisis ha paliado en parte la ausencia de la prometida reforma del sistema migratorio. Los políticos, con el presidente Obama a la cabeza, prefieren mirar a otro lado, que la riña electoral aprieta. El pasado jueves, el presidente Calderón visitó la Casa Blanca. Conversaron sobre rutas comerciales o de la amenaza de la droga. De inmigración, nada.

David Shirk, profesor de la Universidad de San Diego, considera que en las últimas dos décadas se ha equivocado el enfoque al centrarse en la frontera como única solución. “Hace un tiempo –precisa– había un círculo. La gente venía cinco o seis meses y retornaba a México. A partir del tratado de Libre Comercio (Nafta) en 1994, esto se rompió. Ya antes del 11-S del 2001 se empezó a desarrollar una política de represión con la construcción del muro”.

Hace un par de años había doce millones de los mal llamados ilegales. Hoy, aunque esa cifra se ha rebajado a 10,9 millones, sigue creando alarma. Y más cuando el paro está en el 8,9%, y casi 14 millones de ciudadanos de “pleno derecho” carecen de ocupación.

“Entre el 2008 y el 2010, 6.250.000 americanos perdieron su trabajo, un periodo en el que entraron 1,1 millones de inmigrantes, de los que el 35% eran sin papeles”, sostiene Ira Mehlman, director de comunicación de la Federation for American Inmigration Reform (Fair), uno de los grupos más activos en su petición de reprimir a los aliens.

Fair debe su fundación a John Tanton, al que sus artículos le han otorgado fama de racista. Se le vincula a la escena del nacionalismo y la supremacía blanca para mantener la cultura americana. En más de una ocasión ha dejado comentarios contra los latinos. Está catalogado como un impulsor del odio racial por colectivos progresistas como el Southern Poverty Law Center.

La organización de Mehlman ha elaborado sus propios números para demostrar que “la inmigración sólo beneficia a los inmigrantes”. Según sus cálculos, los foráneos –legales e ilegales– causan un gasto a los ciudadanos que pagan impuestos –sumadas las cargas federales, estatales y locales– de unos 113.000 millones de dólares al año. Los californianos son los más perjudicados, con 20.000 millones.

A la hora de hacer el cómputo incluyen lo que supone que los estadounidenses no tengan acceso a puestos laborales en manos de los foráneos, así como los gastos sanitarios, de educación o de ayuda social. “En Los Ángeles, el 44% de los niños que van al colegio no hablan inglés. Los padres estadounidenses, si quieren una buena educación para sus niños, los han de sacar de la escuela pública y pagar una privada”.

De las contrapartidas, de su productividad y consumo, o de, por ejemplo, los impuestos que “esos otros” también pagan, de eso no hace referencia.

Mehlman rechaza el argumento de que los inmigrantes ejercen las peores tareas porque las rechazan los estadounidenses. “Lo que no queremos son los salarios bajos que ellos aceptan”. La contundencia de su verbo se resquebraja al recordarle que tal vez los empleadores –blancos, por lo general– tengan más responsabilidad que los empleados.

Su tesis logra poco apoyo fuera de su entorno. El profesor Shirk sostiene que la única razón de contratar a sin papeles es la de rebajar sueldos y, por tanto, recortar costes empresariales. “Si se acabara el mercado negro, y los indocumentados fueran legales, los precios se dispararían”.

“La fuerza laboral es muy importante para ser competitivos”, sostiene Ruben Barrales, de padres mexicanos, republicano, ex colaborador de George W. Bush, que ahora ejerce de presidente de la Cámara de Comercio de San Diego. “En el caso hipotético de que desaparecieran los ilegales, el coste de todo subiría en Estados Unidos”, añade este ejecutivo. Sentado en su despacho con vistas a la bahía, Barrales silba cuando se le pregunta si sabe cuántas empresas de las 3.000 asociadas a su institución utilizan a indocumentados.

“El precio lo fijan los clientes”, replica Pete Navarro, máximo responsable de una firma constructora. “Yo presentó un presupuesto, mi competencia presenta otro y el cliente decide. Por algún sitió se ha de rebajar para ganar un contrato”. Ilustra el asunto con su propio hijo. “Le ofrecí empezar por abajo y cobrar a nueve dólares la hora. Me dijo que no y eso que él será el dueño del negocio en unos años”.

Navarro, conservador en el voto, cree que lo último positivo que se ha realizado en esta materia fue la propuesta de 1986 impulsada por Ronald Reagan. Se hizo una regulación –se documentó a más de tres millones de ciudadanos–, “lástima que no se incluyeran entonces las herramientas de cara al futuro”. Tanto él como Barrales coinciden en que la supuesta reforma ha de incorporar cuotas de visados en función del momento económico y de las necesidades laborales. En el reciente boom, el número de permisos que se concedía estaba muy por debajo de las necesidades.

La inmensa mayoría de los casi once millones de indocumentados –más de ocho millones– la configura los mexicanos. A estos se han de sumar los estimados doce millones de compatriotas que viven legalmente y los 28 millones de estadounidenses con orígenes hispanos, los amexicanos. De este conjunto emerge, en palabras del profesor Shirk, “el miedo de la América blanca”.

Mehlman, que descarta la xenofobia como su inspiración, reconoce que el origen de su familia se remonta a la inmigración. Pero, remarca, no se puede comparar una época como aquella con la actual, de gran facilidad para desplazarse. “Entonces había integración”, sentencia.

De nuevo, el profesor Shirk contesta. “Aunque nos consideramos un país de inmigrantes, odiamos a los inmigrantes, siempre ha sido así y sigue siéndolo con cada generación que viene”. Precisa que el Know Nothing Party del siglo XIX estigmatizaba a los inmigrantes por su pobreza y falta de educación. Dos centurias después, una de las propuestas de la organización Fair pasa por elegir a los que vengan a partir de su instrucción e ideología.

“Muchos no creían –señala Shirk– que los irlandeses formarán parte del tejido social de este país. En los bares había carteles en los que se decía: ‘No están permitidos ni perros ni irlandeses’”.

A poco más de media hora en coche desde la valla de Rancho Escondido, un grupo de hombres está disperso por el aparcamiento de una superficie comercial de San Diego. Todos son de piel amarronada. Esperan a que alguien venga a ofrecerles un trabajo, de jardinería, de mudanza, de reforma de un baño. Lo que sea.

Son los que un día dieron el salto. Ahí está el guatemalteco Vicente Morales, con cinco años de vida ilegal. O el mexicano, de Tijuana, Guillermo Gutiérrez, ilegal, por supuesto. Hacer la travesía le costó algo más de 2.000 dólares hace tres años, “ahora es mucho más caro”, advierte.

El pollero lo llevó hasta Los Ángeles, tras tres días y dos noches de caminar por el desierto. “Hay gente que se dedica a asaltarte, a mi me dejaron con lo puesto”.

“No está nada fácil, el pinchazo de la construcción ha sido duro”, comenta. Un 4×4 se detiene. Baja un ciudadano blanco. Los amarronados corren hacia él, que mira y elige. Se lleva al más forzudo. La supremacía del músculo.

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