La muerte de Osama Bin Laden ha dado un repentino impulso al presidente de Estados Unidos, y Barack Obama empieza a disponer del inesperado aumento de su capital político. Al fin y al cabo, habrá elecciones en el 2012 y es bueno ir sumando respaldo. Uno de los más importantes será el voto latino, como en la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2008. Se calcula que en ese momento dos de cada tres hispanos apoyaron al candidato demócrata.
No es de extrañar, pues, que su primera gran concentración popular después del episodio en que murió el fundador de Al Qaeda haya sido en el parque El Chamizal, en El Paso (Texas), punto clave de la frontera que separa y une a México y Estados Unidos. Desde allí, rodeado de gentes de aspecto mestizo, Obama defendió la inmigración, recordó que su país ha sido crisol de pueblos y culturas y exhortó al Congreso a aprobar una reforma integral de las actuales normas migratorias. Una de las bases de la nueva ley consiste en conceder documentación a unos 11 millones de inmigrantes que carecen de ella.
También plantea acabar con las deportaciones masivas que, aunque reservadas para delincuentes, suelen aplicarse a ciudadanos de bien. Según cifras oficiales, la mitad de los deportados carecían de prontuario criminal o habían cometido solo pequeñas trasgresiones.
Sus palabras tenían varios destinatarios. Elogió a los latinos y dijo que “la gran mayoría de estas personas solo intentan hallar una vida mejor para sus familias”. Habló a los bolsillos norteamericanos al señalar que el blanqueo de la inmigración ilegal permitiría al erario recaudar unos 66.000 millones de dólares, que saldrían a la luz de la economía subterránea de los inmigrantes. También se dirigió a los republicanos con mensajes no desprovistos de sarcasmo: “Hemos hecho todo lo que los republicanos pedían a cambio de su apoyo a la reforma, incluso elevar un muro en la frontera”. Y añadió: “A lo mejor piden ahora un foso con cocodrilos”.
Uno de los puntos críticos en el problema migratorio es la Ley SB 1070, más conocida como Ley de Arizona, mediante la cual ese estado promulgó un sistema policivo xenófobo que, por ejemplo, permite a los agentes exigir documentación por el mero aspecto físico de una persona y penarla, incluso con deportación, si no la lleva.
La gobernadora del estado convirtió el proyecto en ley en abril del 2010, pero tres meses después una juez de Phoenix suspendió sus puntos más controvertidos antes de que entrara en vigencia. El Tribunal de Apelaciones, a petición del Gobierno, confirmó la decisión de la juez.
Aunque Obama la criticó desde un principio, la ley acabó por castigar su popularidad entre los latinos, que descendió de 69 al 57 por ciento. Los inmigrantes, en general, y los hispanos, en particular, se oponen a la ley. Pero el 60 por ciento de los estadounidenses la apoya.
Es el momento de que Obama se esfuerce por reemplazar la actual colcha de retazos migratoria por un estatuto coherente, generoso y profundo. No será fácil que lo consiga, pues los republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes. Pero el Gobierno tiene dos aliados. Por un lado, la súbita inyección de popularidad que le ha dado la operación contra Bin Laden. Y, por otra, la circunstancia de que, según el Instituto Pew de Investigaciones, siete de cada diez ciudadanos apoyan un sistema que permita regularizar a los indocumentados e incorporarlos a la normalidad cotidiana.
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