Una claves del éxito electoral de Barack Obama en 2008 fue su capacidad de inspirar diferentes expectativas a grupos con una ideología diversa. El “candidato Obama” era una especie de pantalla blanca en la que progresistas, pacifistas, centristas e incluso conservadores hastiados con Bush proyectaron la imagen del presidente que deseaban.
Desde el Despacho Oval, cuando se toman decisiones, no sólo se divulgan mensajes, es mucho más difícil conseguir la cuadratura política del círculo. Pero no por ello Obama deja de intentarlo. Un ejemplo muy claro es su política inmigratoria, y en concreto, la cuestión de las deportaciones de indocumentados.
La cuestión de la inmigración es una de las materias políticas más inflamables en EEUU, lo que no sólo ha impedido la aprobación de una reforma integral de la legislación durante años, sino que ha obligado a Obama a realizar unos alambicados ejercicios de equilibrismo para aplacar a la derecha, sin ahogar las esperanzas de la comunidad hispana.
Hasta esta misma semana, este ejercicio consistía en, por un lado presumir de aplicar la legislación con mayor eficacia que su predecesor -el año pasado se batió un récord con 393.000 deportaciones-, y por otro, mostrar su apoyo a una nueva ley que abriera las puertas a una regularización a los cerca de 11 millones de indocumentados que se cree que viven en EEUU.
Hartos de buenas palabras combinados con récords en deportaciones, varias organizaciones hispanas han intensificado sus críticas, e incluso movilizaciones contra la política inmigratoria de Obama. Por fin, la Casa Blanca parece haber oído el clamor, y se empieza a tomar en serio la posibilidad de “perder” de cara a 2012 a los hispanos, unos votos que daban por descontados ante la retórica anti-inmigrante de algunos republicanos a raíz de la aprobación de la ley de California.
De ahí que Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interior, anunciara esta semana que se revisarían “caso por caso” los procesos de deportación de 300.000 personas, y que se priorizaría sólo la expulsión de aquellos que hubieran cometido crímenes. En la prensa, ello se ha interpretado como un freno a las deportaciones de decenas de miles de personas. Sin embargo, habrá que ver cuál es la aplicación de la nueva directiva.
De hecho, la retórica del Departamento de Seguridad Interior siempre ha sido ésa, que se concentrarían en deportar a los criminales, si bien quizás los términos en los que se expresaba no eran tan claros. Pero la realidad es que, en estos dos años y medio de presidencia Obama, también se han deportado personas que no habían cometido otra ilegalidad que no tener los papeles en regla.
¿Aplicará esta vez la administración su política de priorizar sólo la expulsión de criminales? ¿Hasta qué cierto punto se reducirán las redadas en fábricas para atrapar a inmigrantes que, en teoría, luego no se deportarán?
No deja de ser significativo que el anuncio haya llegado a mitad de agosto, cuando el Congreso se encuentra en receso, Obama en Martha’s Vineyard, y los reporteros políticos andan también de vacaciones. Así, apenas se han oído las proclamas de la oposición denunciando una amnistía encubierta en la caja de resonancias de los “media”.
Ahora bien, en la competición de los aspirantes republicanos en las primarias por erigirse en el más fiero candidato “anti-Obama” es muy probable que pronto la cuestión de la inmigración entre en la agenda electoral. Y entonces, a Obama le costará mantener el doble juego en la cuestión de las deportaciones. Pronto se tendrá que mojar.
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