“Eso no me quita el sueño”, dijo el gobernador de Texas, Rick Perry, refiriéndose en un debate electoral republicano a las 234 sentencias de muerte ejecutadas en su Estado (un dato histórico, hasta para Estados Unidos). Y el público aplaudió.
Hoy por hoy, más del 60% de los estadounidenses apoyan la pena de muerte. Poco importa que una sola ejecución le cueste al Estado de Carolina del Norte 2 millones de dólares (y eso por poner un ejemplo, pues son más de 30 los estados que se valen de la pena de muerte); o que las estadísticas permitan explorar la idea de que el sistema es racista: el 42% de los que esperan su turno en alguna cárcel son negros.
Es más, tras todo lo acontecido con Troy Davis, ya ni la injusticia parece ser un impedimento. Acusado de asesinar a un policía blanco en 1989, Davis se convirtió en motivo de lucha para defensores de los derechos humanos y opositores de la pena de muerte (que los hay), desde que se supo que siete de los nueve testigos del caso se retractaron de su primera declaración.
Poco a poco fue naciendo una causa legítima, una razón para protestar. Que el arma nunca fue identificada, que no hubo un móvil concreto, que los testigos fueron coaccionados por la policía. Uno de estos testigos, incluso, dijo ser el asesino.
Al final, un pedido global de misericordia al que se sumó, entre políticos y celebridades, el papa Benedicto XVI. Veinte años de apelaciones y recursos judiciales para confirmar, en la cuarta sentencia a muerte, que ya no había escapatoria.
Como en cualquier China, Irán, Yemen o Arabia Saudí, el preso fue ejecutado. No comió su última comida y tampoco aceptó ser sedado. Cuentan que miró a los familiares de su supuesta víctima y les ratificó, por enésima vez, que él no era el asesino. Y entonces pidió justicia (no clemencia).
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.