El abominable caso de los experimentos inmorales realizados por Estados Unidos en Guatemala entre 1946 y 1948 tomó ayer un nuevo giro a causa de que el presidente Colom ofreció pagar indemnizaciones por una cantidad no especificada a los sobrevivientes de los dos mil 82 guatemaltecos que fueron intencionalmente infectados de sífilis, gonorrea y chancros. Por esas prácticas abominables, el presidente Barack Obama pidió disculpas a su colega de Guatemala cuando todo fue descubierto en octubre del año pasado, las que fueron reiteradas ayer por el embajador estadounidense, Arnold Chacón.
Es entendible y aceptable la posición del presidente Colom, porque funcionarios de Salud del gobierno guatemalteco de entonces autorizaron los experimentos, realizados por 10 médicos estadounidenses y 12 guatemaltecos, de lo cual se supo gracias a la investigación que Susan Reberby hizo en el 2010 acerca del inhumano trabajo en mención, encabezado por John Cutler, durante dos años. Una acción similar había sido realizada en Alabama entre personas pobres y sifilíticas afroamericanas.
Sin embargo, el largo tiempo pasado desde entonces hace que en la práctica sean muy pocas las personas que puedan ser beneficiadas directamente por la investigación. En efecto, solamente seis personas han sido encontradas, y es muy probable que no se conozcan sus nombres, como consecuencia de la percepción negativa que puedan tener tanto ellos como sus descendientes a causa del tipo de enfermedades que les fueron inyectadas, cuya naturaleza provoca un estigma social.
El pago de la indemnización le debe corresponder a Estados Unidos, pero con motivo de lo ya expresado, es correcto que se realice por medio de la sugerida creación de una institución especializada en ética médica e investigaciones. A diferencia de los guatemaltecos, que fueron víctimas o de alguna manera fueron presionados para colaborar en las investigaciones, la responsabilidad de las entidades estadounidenses puede ser más fácilmente comprobada.
Otro motivo para que de Estados Unidos provengan los fondos de compensación a las víctimas y de la creación de ese instituto lo constituye el hecho de que durante muchos años después de 1948, algunas de las casas farmacéuticas estadounidenses producían medicinas con la etiqueta “solo para exportación”, debido a que su uso no había sido aprobado por las autoridades del país a causa de no existir suficientes pruebas de que no tuvieran efectos colaterales contraproducentes. Esa práctica tampoco puede ser justificada desde ningún punto de vista, y tiene el agravante de haber afectado a miles de personas, porque su venta duró muchos años.
No puede dejar de mencionarse que esos abyectos experimentos no podrían ser realizados hoy en día. Ha habido avances sobre derechos humanos, aplicación práctica de la ética en las casas de medicinas y castigos severos para quienes las incumplen. Pero no por ello se puede dejar de sentir indignación por lo que ocurrió hace 65 años.
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