A medida que crece la devastación social y humana de la “guerra” estadounidense contra las drogas en América Latina, las voces que cuestionan han ido subiendo de tono y de calado.
El presidente Santos propuso debatir el tema abiertamente en la próxima Cumbre de las Américas: “Hemos derramado la mayor cantidad de sangre y pagado el costo más alto, y a los 40 años uno tiene que parar y reflexionar”. Luego de sacar el libro Política antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, la Universidad de los Andes creó un instituto que se dedicará al estudio del espinoso tema. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, instó esta semana a sus pares centroamericanos a firmar un plan de seguridad que incluya la legalización de las drogas.
Hace seis meses la Comisión Global de Políticas de Drogas, en la que están desde Fernando Enrique Cardoso y César Gaviria hasta el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volker, sacó un informe que alentó a “los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos”.
Por fin los poderosos se están dando por enterados de que, por exceso de sumisión al poder del norte o por falta de imaginación, nos embarcaron en una política suicida que ahoga a nuestras débiles democracias en sangre y corrupción. El desafío ahora es que no nos quedemos esperando que Washington nos dé luz verde para legalizar, mientras seguimos con una represión cuasimilitar del negocio que empeora la respuesta violenta de los ‘narcos’.
Nos urge reducir de inmediato los daños colaterales del prohibicionismo y del mismo narcotráfico. El lúcido profesor de la Universidad de California Mark Kleiman está desde hace años hablando de concentrarse en proteger a la población y no en reducir el flujo de drogas. Propuso, por ejemplo, que si el gobierno Obama quería ayudar en serio a México en su hora fatal, debería lanzar una aguerrida campaña policial para arruinarle el mercado estadounidense al cartel mexicano más violento. El mensaje sería: castigamos más duro al más brutal, y no al que más droga exporte.
Una filosofía parecida está tras las Unidades de Policías Pacificadoras de Río de Janeiro que han reducido las muertes en un 27 por ciento en tres años. Según dijo un directivo a la revista mexicana Proceso, la clave es “haber cambiado el foco; el objetivo es que el Estado recupere los territorios controlados por los ‘narcos’ en vez de dedicarse a combatir el tráfico de drogas”. Y explicó cómo la anterior política de operaciones policiacas bélicas para incautar droga y armas era inútil, pues éstas eran sustituidas con rapidez y, en cambio, las vidas de policías, vecinos y de jóvenes pandilleros se perdían para siempre.
Se necesita valentía para hablar públicamente de revisar la política antidroga, cuando se es presidente de países estigmatizados como Colombia o Guatemala. Pero mayor coraje requeriría cambiar el foco de la política criminal actual. Y en lugar de dedicarle billones de pesos y mucho del esfuerzo de las Fuerzas Armadas y de la justicia a perseguir la “droga maldita”, habría que volver prioridad reducir los efectos brutales del narcotráfico.
Hoy pasa lo contrario. Así, si alguien que ha cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia confiesa haber exportado cocaína a Estados Unidos y entrega una ruta, puede quedar libre en pocos años y con visa. La lección es clara: no importa cuánto mate, lo único que vale es que no trafique. Debería ser exactamente al revés
My goodness, how would we keep all those prisons filled if we ended the war on drugs?