Drones

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Antes se recibieron de vigilancia; ahora, se buscan de combate. Toda ilusión vale si permite creer que así se puede ganar la guerra. Pero ¿a qué costo se impone la quimera?

‘Drones’, vehículos aéreos no tripulados, sobrevuelan hoy en día los cielos de Colombia. En marzo del 2009, las Farc anunciaron que habían abatido uno de estos aparatos. Luego, Hugo Chávez protestó por el sobrevuelo de un ‘drone’ que, desde Colombia, habría penetrado espacio aéreo venezolano.

El entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva, no tuvo problema en banalizar el incidente, al asegurar que seguramente se trataba del “trineo de Papá Noel”. “Colombia -agregó- no dispone de esa capacidad”. Nada más lejos de la verdad. La opinión pública conoció, entonces, que los ‘drones’ venían siendo utilizados para patrullar el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Pero no mucho más salió a flote.

En marzo pasado, un cable del embajador William Wood, revelado por WikiLeaks, confirmó que, en el 2006, el gobierno de Estados Unidos entregó ‘drones’ ScanEagle para localizar a los rehenes norteamericanos. Desde esa época han sido utilizados también para recibir información en tiempo real de las Farc y de narcotraficantes. El empleo, tanto civil como militar, de los ‘drones’ de vigilancia es común. En Estados Unidos, desde las policías municipales hasta las universidades están planteando su utilización.

¿Y qué decir de la utilidad de los ‘drones’ en el campo militar? Hasta la ONU aspira a integrarlos a las misiones de mantenimiento de paz. Pero el paso de ‘drones’ de vigilancia a ‘drones’ de combate no es cosa de poca monta. Eso es lo que el gobierno de Colombia pretende.

El tema se ventila en la discusión política de Estados Unidos. El senador republicano de la Florida Marco Rubio le pidió a la Casa Blanca que enviara ‘drones’ de combate a Colombia. Leon Panetta, secretario de Defensa, no está seguro de querer compartir esa tecnología. El Congreso, además, le ha impuesto restricciones para ello.

Lo cierto es que Colombia no se ha quedado a la espera, de brazos cruzados. Ya volteó su mirada hacia Israel. La empresa israelí Elbint confirmó la venta por 50 millones de dólares de un Hermes 900 armado a un país latinoamericano. Aunque en Bogotá no se confirma la transacción, los círculos de defensa internacionales dan por descontado que se trata de Colombia. ¿O el fortalecimiento de las relaciones militares con Israel no pasa por el intercambio comercial?

Antes de que nos llenen de aviones matadores, ¿no deberíamos exigir algo de claridad? Según una investigación de la Brookings Institution, por cada militante dado de baja en Pakistán con un ‘drone’, alrededor de 10 civiles son asesinados. Aun así, este lunes, la Casa Blanca defendió su uso.

El gobierno de Obama se niega a responder las preguntas planteadas por Philip Alston, relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. No sobra recordar que el empleo del ‘drone’ de combate debe regirse por las mismas leyes de la guerra que impone el derecho internacional humanitario.

¿Quiénes pilotearán los ‘drones’ de combate? ¿Uniformados colombianos? ¿Asesores extranjeros? ¿Quiénes serán? ¿Dónde estarán? ¿Lo harán desde territorio nacional? ¿O desde un refugio externo, como las oficinas de la CIA en Langley (Virginia)? ¿Ante quién responderán si cometen una violación? Las autoridades colombianas no han confirmado siquiera si los ‘drones’ de vigilancia son operados por personal colombiano.

La compañía de defensa Vanguard anuncia en su página web la próxima apertura de una convocatoria: “Número de posición VTG-12016 – Operador de Sistema No Tripulado (UAS Operator) – Colombia”. Razones hay para preocuparse.