Tomás Yarrington, compadre de Bush, dejó el gobierno de Tamaulipas en el año 2004. En ese año, Enrique Peña era un diputado local más en el Congreso del Edomex. Ocho años después, a un mes de la elección presidencial en la que Peña es el puntero de todas las encuestas conocidas, la justicia norteamericana decide que es momento de dar a conocer una acusación contra Yarrington por lavar dinero de los grupos delictivos que operan en el estado que gobernó. ¿Se trata de una infeliz coincidencia, o el gobierno de Estados Unidos se está dejando sentir en la campaña mexicana?
La pregunta pertinente después de las acusaciones de la DEA contra los generales y del caso contra Yarrington es ¿Qué pretende el Tío Sam? Los analistas del Departamento de Estado, incluyo aquí al embajador Tony Wayne, saben, como sabemos todos, que las posibilidades de que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, gane la elección del 1 de julio son cada vez más remotas, de manera que el esquema de colaboración entre el gobierno de México y el de Estados Unidos en materia de lucha contra las bandas del crimen organizado no será el mismo y eso los tiene molestos.
Los propios panistas vendieron en Washington la idea de que si el PRI ganaba la elección no combatiría a las bandas de narcos. Buscaban y obtuvieron una reacción de la Casa Blanca. ¿Hacerlo fue un acto de traición a la patria o malsano apetito político? Hablo de traición a la patria porque se aceptó perder soberanía a cambio de mantener posiciones políticas para el grupo en el poder. La ecuación era simple: ayúdanos contra el PRI y puedes meterte hasta la cocina en materia de seguridad. ¿Se habrán sonrojado?
Por diversas razones el PRI, su candidato presidencial, ha conservado una ventaja importante mientras que la abanderada del PAN ya está en tercer lugar y sigue declinando. Todos, incluido el gobierno de Estados Unidos, nos enfrentamos a un dilema: Peña o López Obrador. No hay más. Me parece que el gobierno norteamericano calcula que será Peña, pero lo está presionando para que llegue a un acuerdo explícito antes de la jornada electoral: que los Estados Unidos mantenga, o incluso aumente, su presencia en México bajo el pretexto de la lucha contra las drogas.
Ya hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, que en realidad las drogas no son, ni de lejos, la preocupación toral de los americanos. Ellos quieren reforzar su seguridad interior, a partir del diseñar y supervisar el aparato de seguridad del Estado mexicano y de todos los demás países del área. Primero México, le sigue el Caribe y América Central y después los ejércitos del Cono Sur. El mensaje para los priistas de parte del Tío Sam es claro: tenemos elementos para descarrilarlos. “Hagan las cosas como nosotros queremos”.
Lo anterior no quiere decir que se deba proteger a Yarrington, pero el caso en su contra se ha manejado más como un asunto de propaganda que uno considera estrictamente legal. Hasta el momento, por ejemplo, se conocen las acusaciones pero no las peticiones de aprehensión. El mensaje fue recibido con nitidez. Llegó a quien tenía que llegar. Ni el PRI ni Peña le deben nada a Yarrington. No tienen que defenderlo y la jugada lógica es deslindarse de manera tajante. Josefina aprovechó el pase para gol. Los americanos le regalaron a ella y a López Obrador una caja de bombones que se comerán de aquí al día de la jornada electoral, o incluso después.
¿La mano negra del Tío Sam le dará un vuelco a las encuestas? Diría que no, pero sí deja en claro que Peña y su grupo tienen que ampliar los límites de su campaña y enviar de inmediato un representante permanente a Washington para tratar de desactivar los misiles del gobierno norteamericano. Si Josefina no puede y se les cumple su anhelo de hacer tropezar al mexiquense, a quién quieren los americanos en Los Pinos. La respuesta es que quieren a López Obrador. ¿Será para poner en marcha, aprovechando las locuras del tabasqueño, el asalto final? Sólo que sea eso.
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