La sociedad estadounidense suele producir con cierta frecuencia algunas personas públicas que, sin renegar de su origen, son ácidos críticos del sistema capitalista tal y como se plantea actualmente en aquel país. Los ejemplos son varios y resulta curioso advertir que esas voces no son acalladas o rebatidas, en una u otra forma, por la alta consideración científica o intelectual que detentan. Esa condición, unida a su solidez e integridad, les permite explayarse, y atacar eventualmente, ciertas realidades del país que están vedadas a críticos menos trascendentes, en especial desde que el ataque a las Torres Gemelas propició que se limitaran las libertades civiles.
Un ejemplo de lo descripto son las recientes declaraciones de Paul Krugman. El reconocido economista, basándose en artículos del diario New York Times y en sus propias observaciones, se pronunció abiertamente contra la tendencia a privatizar las cárceles. Krugman no vaciló en calificar de “aterradores” los informes sobre el sistema de “casas de reinserción” (así se las llama eufemísticamente) de Nueva Jersey, que están bajo un régimen privado y que complementan el sistema normal de prisiones. “Los horrores que describe -dice- forman parte de una pauta más amplia en la que las funciones básicas de gobierno se están privatizando y deteriorando”. Para decirlo de otro modo: una campaña de la derecha tendiente a privatizar lo estatal, inclusive el funcionamiento de las cárceles. Irónicamente el autor recuerda que el gobernador del Estado describió esos sitios de horror como “una representación de lo mejor del espíritu humano”.
Las iras que despertaron estas críticas en el establishment debieron menguarse frente a la entidad intelectual de quien las firmó: Krugman es profesor de la Universidad de Princeton y, para más, ha sido galardonado con el premio Nobel. Refutar a alguien que, al margen de la verdad, posee semejantes pergaminos no es fácil. El economista calificó a las cárceles como “negocios con fines de lucro” y, basándose en documentos de las empresas concesionarias, destacó que “el interés de las prisiones privadas no reside en el obvio bien social de tener el menor número posible de internos, sino en el mayor número posible, hospedados al menos costo posible.”
Como ocurre a menudo, la iniciativa ha tenido interesados al sur del río Bravo donde hay quienes hablan de “cambiar un modelo agotado” y de privatizar las cárceles. La noticia acrecienta su interés si se recuerda que, en las postrimerías del menemismo, la misma idea fue lanzada en la Argentina. Los nuevos tiempos la dejaron atrás, pero es seguro que todavía late en algún cajón del neoliberalismo privatista. De hecho, en la provincia de Buenos Aires y no hace demasiado tiempo, un legislador dijo estar estudiando un proyecto que apunta a concesionar las cárceles bonaerenses, tan necesitadas de nuevas plazas, bajo el argumento de que en otros países ya se ha reglamentado y el sistema empezó a funcionar con pequeñas unidades. Los fundamentos son, obviamente, de un crudo mercantilismo, y avalan la idea del “Estado bobo”.
El autor del proyecto no ha leído -o prefiere ignorarlo- a Krugman.
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