No quiso esperar. La gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, anunció este miércoles que utilizaría su poder ejecutivo para impedir que cualquiera de los jóvenes que eviten la deportación, los llamados ‘dreamers’ reciban también beneficios públicos. Brewer hizo el anuncio el mismo día que cerca de 1,7 millones de jóvenes indocumentados pueden empezar a solicitar que su participación en el programa que evita su deportación y les otorga un permiso de trabajo temporal.
El nuevo programa, aprobado por el presidente Obama a través de una orden ejecutiva hace dos meses y que entró ayer en vigor, anulará la deportación y entregará un permiso de trabajo temporal a aquellos jóvenes que, entre otras condiciones, entraron en el país cuando eran niños y que han pasado por diferentes escuelas y universidades norteamericanas, o se alisten en el Ejército.
Sin embargo, Brewer considera que sus permisos de trabajo les ayudarán también a obtener determinados beneficios pagados por el resto de contribuyentes norteamericanos y quiere evitarlo. Este miércoles una orden ejecutiva que exige a todas las agencias estatales de Arizona que tomen las medidas necesarias, y con caracter de urgencia para impedir que los ‘dreamers’ -apodados así por el proyecto DREAM Act, que les hubiera otorgado casi los mismos beneficios de haberse convertido en ley- obtengan un permiso de conducir o un carnet de identificación en Arizona.
El gobierno estatal alega que si los 80.000 ‘dreamers’ de Arizona logran evitar la deportación, tendrán “un impacto significativo a largo plazo en el presupuesto del Estado, su sistema sanitario y otros beneficios públicos sufragados por los ciudadanos”.
El Estado de Arizona podría estar anulando así algunos de los beneficios del programa federal, aunque sea por vía indirecta. Muchos de los jóvenes que eviten la deportación y consigan un permiso de trabajo podrían tener muy difícil acceder a éste sin un permiso de conducir. Por otro lado, las universidades públicas podrían anular las ayudas que reciban los inmigrantes. En un principio, al convertirse en residentes temporales del Estado, tendrían acceso a precios reducidos de las matrículas, como el resto de ciudadanos nacionales. Pero la decisión de Brewer podría obligar a los centros a revisar esta norma y seguir considerándoles extranjeros.
Los abogados de la organización por los derechos civiles ACLU declararon a la cadena NBC que la gobernadora no tiene base legal para defender esta medida porque “aquellos que reciban el permiso, tendrán también autorización para residir en Estados Unidos, lo que les permite también solicitar una identificación estatal”.
La decisión también ha sido condenada por el congresista demócrata de Arizona Raúl Grijalva, uno de los grandes defensores de los hispanos en la Cámara de Representantes. “Cuando el 73% de los residentes en Arizona apoyan la ley DREAM Act ni siquiera se puede acusar a Brewer de participar en un juego político. Simplemente está siendo ella misma, haciendo daño a nuestra economía y separando a familias por agradar a una parte minoritaria de la población”, afirmó el congresista.
La gobernadora alega sin embargo que ella solo esta garantizando que los inmigrantes indocumentados no gastan recursos públicos financiados por los ciudadanos norteamericanos e insiste en definir la política aprobada por Obama como una “amnistía por la puerta de atrás”. Brewer insiste así en su enfrentamiento además con el presidente a raíz la ley de inmigración de Arizona, anulada en gran parte por el Tribunal Supremo hace dos meses.
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