El ambiente académico norteamericano se vio caldeado la semana pasada por el apoyo de 576 economistas, entre ellos seis premios Nobel, encabezando el manifiesto en el que apoyaban la candidatura de Mitt Romney y repudiaban la política económica de Barack Obama.
El manifiesto de los economistas republicanos defiende las políticas siguientes: “Reducir la tasas marginales de impuestos de los negocios e ingresos salariales y aumentar la base impositiva para aumentar la inversión, el empleo y los niveles de vida”. Al mismo tiempo, dice que hay que controlar el gasto público, que no exceda 20% del PIB, y liquidar la deuda pública “explosiva”.
Ambas medidas son irresponsables ante un déficit público de 9% del PIB, iniciado por las dos administraciones de Bush Júnior, con la resta de impuestos a los más ricos, y profundizado por la propia crisis financiera, cuya extensión global debe mucho a la libertad de los mercados que estos mismos economistas promulgaron y pusieron en efecto hace 30 años. Reducir en un tercio el tamaño del Estado significa deteriorar drásticamente la salud, la educación y la inversión pública en infraestructura y en el desarrollo científico, e incrementar la desigualdad. Estados Unidos se parece cada vez más en inequidad y en corrupción política a los países atrasados del mundo.
La siguiente recomendación de política es hipócrita, por venir de quienes crearon y aún defienden la desregulación del sistema financiero norteamericano que se tornó en el Drácula de la economía mundial: “reestructurar la regulación para dejar de proteger a los bancos demasiado grandes que no pueden quebrar… aumentar la transparencia regulatoria y asegurar que todas las regulaciones pasen pruebas de costo-beneficio”. Sin embargo, el Partido Republicano se sigue oponiendo a la débil regulación financiera que la administración Obama ha tratado de implementar, en medio de abusos evidentes en el manejo aventurero de los fondos de los clientes, la concesión de créditos hipotecarios depredatorios a familias pobres, en la manipulación de las tasas interbancarias del mercado de Londres y en el lavado de activos del narcotráfico de beneméritas instituciones financieras.
Para Laurence Kotlikoff, de la Universidad de Boston, el manifiesto le presta un flaco servicio a la profesión. Si la economía se concibe como una ciencia, no tiene presentación que unos “científicos” declaren que todas las propuestas de política de Romney son buenas y que todas las ejecutadas por Obama estén mal orientadas. Ningún economista imparcial haría afirmaciones tan rotundas. Sin embargo, los que firmaron el manifiesto lo hacen como profesionales de la economía e incluso especifican la universidad o institución a la que están afiliados. Lo que dicen representa opinión política, que no científica. Kotlikoff contrapone a Paul Krugman (defensor de Obama) y a Glenn Hubbard (asesor de Bush y Romney), que se identifican tanto con los dos partidos políticos que no se sabe dónde termina su quehacer político y comienza su análisis científico.
La profesión de economista se ha corrompido también, como lo mostró el documental Inside Job: notorios economistas en nómina o que elaboraron trabajos sesgados, pagados por instituciones interesadas, y que le ocultaron a su público.
Todo ello ha llevado a desacreditar profundamente a la profesión pues estos economistas traicionan la búsqueda de la verdad, que es lo que distingue al científico de los demás.
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