Bajo el entendimiento de que el narcotráfico y el crimen organizado son fenómenos cuyas repercusiones atraviesan fronteras, la cooperación transnacional es crucial para un efectivo combate al problema. Ningún país puede enfrentar a las grandes organizaciones delictivas por su cuenta. Sin embargo, toda colaboración debe contar con un sólido sustento legal y la transparencia es también importante para garantizar que se opera con total apego a la ley y cabal respeto a la soberanía nacional.
En ese tenor, el anuncio conjunto hecho ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Estado norteamericano respecto al inicio de programas en los que Estados Unidos brindará cursos de entrenamiento y equipo a las policías de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León es bienvenido, pues en el combate al crimen organizado las corporaciones policiacas de nuestro país actualmente carecen de la estructura y fuerza para desempeñar su labor con eficacia.
Qué bien que la cooperación se manifieste con hechos. Pero ello no basta: la sociedad debe tener muy claros los términos de estas operaciones. No hay lugar para la opacidad, como lo prueban los hechos ocurridos en Tres Marías, donde se suscitó un confuso ataque a agentes de EU, presumiblemente en tareas de capacitación. Caso del cual aún quedan muchas dudas.
Es cierto que en el combate a organizaciones criminales hay información que debe permanecer clasificada en aras de la seguridad nacional, pero ello no significa, bajo ninguna circunstancia, que la participación de
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9/19/12 El Universal ‐ Opinion ‐ Cooperación con transparencia
agencias extranjeras se dé en un marco de opacidad. Deberá precisarse qué instituciones extranjeras serán las encargadas de esta misión y bajo qué pautas. Dotar a la sociedad de esta información necesaria no significa revelarle al enemigo los planes de acción.
Si la opinión pública no conoce los términos legales de la cooperación entre ambas naciones, la rendición de cuentas se torna más complicada cuando algo sale mal. Además, contar con apertura en este sentido permitirá evaluar los resultados de estos programas, y ello indicará cuándo es momento de impulsarlos a mayor escala, si están rindiendo frutos, o en qué momento es necesario replantearlos, si es que no se obtienen los resultados que se buscaban, como podría ocurrir si los elementos mejor entrenados terminan en el bando de los criminales.
La implementación de políticas de seguridad es tarea de los gobiernos, por supuesto, pero la sociedad debe ser incluida en dicha ecuación para que la lucha sea democrática, no autoritaria.
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