El juez Thomas Griesa de la Corte Federal de Nueva York ha puesto a Argentina en un brete y sentado un precedente que puede resultar preocupante para otros países que reestructuren su deuda. Argentina negoció entre 2001 y 2010 varias quitas, de hasta el 65%, con un 93% de sus acreedores. No buscó el acuerdo con el 7% restante de acreedores, entre ellos dos fondos —en su día acogidos como inversores y posteriormente calificados de “fondos buitre” por los Kirchner—, que han buscado en los tribunales que se les pague lo que se les debe, Y lo han hecho ante la justicia de EE UU porque así lo aceptó el Gobierno de Buenos Aires cuando negoció las quitas.
El juez ha decretado que Argentina debe depositar antes del 15 de diciembre en una cuenta especial los más de 1.000 millones de euros que reclaman estos fondos, y pagarles antes que a los demás. No es “mandar la Quinta Flota”, como ha dicho el titular de Economía Hernan Lorenzino, pero el fallo podría encarecer la financiación de las exportaciones y dañar a los inversores, con el riesgo de llevar al país a una suspensión de pagos técnica.
Argentina tiene tres salidas: la que va a seguir, de recurso ante el Tribunal de Apelación, y si no le da la razón, llegar hasta el Supremo de EE UU; acatar la sentencia, lo que rechaza de plano; o llegar a un acuerdo extrajudicial con estos fondos. Dada la mencionada precariedad de la financiación exterior y la necesidad de despejar dudas sobre la fiabilidad de su Estado, quizás acabe teniendo que optar, a regañadientes, por esta última solución.
En todo caso, no es solo la suerte de Argentina la que está en juego. El caso ha disparado las alarmas de los países que han renegociado o piensan renegociar sus deudas, como Grecia. Si la justicia hace pasar por delante a los que rechazan un acuerdo sobre los que aceptan las quitas, las estrategias del FMI y del Banco Mundial se pueden venir abajo.
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