La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, promulgada el 15 de diciembre de 1791 dice: “Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”, norma que se originó en beneficio de la colonización europea de entonces como medida de defensa de sus tierras, casas y familia. Pero en la actualidad, pensar que la seguridad de un Estado libre se sustente en que sus ciudadanos, mayores de 21 años, puedan poseer y portar armas, desde una pistola a un fusil de asalto, es una aberrante insensatez armamentista. La Asociación Internacional del Rifle estima entre 270 y 300 millones el número de armas en manos de civiles. La matanza de la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, se inscribe en el contexto de dicha Segunda Enmienda.
El presidente Obama tras la tragedia prometió que se tomarán medidas para detener estos hechos, pero el portavoz presidencial ahora informa que “en las próximas semanas” presentará posibles enfoques para avanzar sobre el tema. Además ¿quién detendrá a los republicanos que se niegan al debate sobre regulación de la tenencia de armas, si los demócratas no van más allá que la senadora Dianne Feinstein que anuncia que en enero presentará “un proyecto de ley para prohibir la compra de fusiles de asalto” sin incluir otras armas de repetición, pistolas o revólveres? Y hay quienes defienden la opción de que los profesores vayan armados a clases, para enfrentar a los posibles agresores. No se ha querido tampoco reparar en que los victimarios han tenido antecedentes de problemas de conducta o trastornos mentales.
El país más grande del mundo no está preparado para brindar seguridad a su pueblo mientras esté vigente la Segunda Enmienda Constitucional y el gobierno no dé término a su política guerrerista bajo las órdenes militares del Pentágono. Qué autoridad moral tendría para “controlar” a los armamentistas?
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