Evo acusa a EEUU de conspirar en el país con el caso Ostreicher
El Presidente señaló que Washington no sólo intenta dañar el proceso de cambio, sino que pretende acabar con el juicio por terrorismo, que se sigue por intento de separatismo
Sucre. El presidente Evo Morales en su discurso durante la inauguración del Año Judicial 2013, ayer. ABI.
La Razón / Yuvert Donoso / Sucre
03:46 / 05 de enero de 2013
El presidente Evo Morales acusó ayer a la Embajada de Estados Unidos de utilizar el caso Extorsión y a su compatriota Jacob Ostreicher de dañar el proceso de cambio en Bolivia, además de acabar con el proceso por el delito de terrorismo que se sigue por un presunto intento de separatismo. Durante su discurso en el acto de inauguración del Año Judicial 2013, en el Tribunal Supremo de Justicia, el Jefe del Estado se refirió a la red de extorsión que fue desarticulada en noviembre.
La red de extorsión, según el Ministerio de Gobierno, estaba incrustada en ese despacho y en el de la Presidencia y ejercía presión sobre involucrados en algunos procesos judiciales. En el caso de Ostreicher —acusado de alzamiento armado—, se denunció que pidieron $us 50 mil para dejarlo libre.
Morales afirmó que la Embajada de EEUU usa “cobardemente” a su compatriota para tratar de frenar este proceso de cambio que vive Bolivia y añadió que no podrá porque el pueblo boliviano conoce exactamente los problemas.
Herencia. Morales sostuvo que estos días está en debate el tema de extorsión, que siempre ha existido en el país al igual que la retardación de justicia, porque es una herencia del sistema colonial. “El problema es que ningún gobierno ha podido destapar y entregar al Ministerio Público las investigaciones”, indicó y agregó que es obligación del Gobierno acabar con esos males.
“Aquí están enemigos internos y externos, usando la extorsión como una agresión política contra el proceso. No es que nos dormimos, no vamos a dormirnos, la batalla jurídica por la justicia corresponde a ustedes, la batalla política me corresponde y vamos a enfrentarla contra quienes usan desde afuera y desde adentro para dañar el proceso de cambio”, expresó el Primer Mandatario en presencia de altas autoridades gubernamentales y judiciales.
El Presidente también lamentó que algunos resentidos de este proceso sean los mejores instrumentos del imperio, “por eso decía que no nos dormimos y acepté ser presidente, entrar a la política, pasar de una lucha social a una lucha electoral, convencidos de que la batalla ideológica, programática, social, cultural es permanente”.
El gobernante señaló que la legación diplomática estadounidense pretende usar el caso Extorsión para acabar con el juicio que se sigue contra más de una treintena de personas por el caso Terrorismo o Rózsa.
“Ahora la justicia tiene que hacer justicia con los que intentaron separar Bolivia y algunos instrumentos del imperio usan el tema de extorsión para tapar, acallar o terminar con esos procesos sobre la separación o división en Bolivia”, aseguró.
En 2009, un grupo de élite de la Policía intervino en el hotel Las Américas en Santa Cruz y acabó con la vida de Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Mario Tádic y Elöt Tóásó salieron ilesos y fueron encarcelados preventivamente mientras enfrentan un juicio. La investigación fiscal estableció que se trataba de una célula terrorista que tenía la misión de dividir Bolivia. Más de una treintena de personas, entre ellos líderes cruceños, fueron detenidas y actualmente enfrentan un juicio penal.
Cambios en la Justicia
Estructura
“Ya no estamos como antes, hoy cambia en forma, con esencia campesina indígena: ponchos y polleras, pero también en este Estado Plurinacional, con corbatas y todos con mucho conocimiento de la justicia”, dijo el Jefe del Estado.
Morales pide hacer sentir los cambios en la Justicia
El presidente Evo Morales aseveró que el Gobierno y las autoridades judiciales deben aportar para realizar profundas transformaciones en la Justicia y que éstas se sientan en el pueblo boliviano. “La tarea más importante no es cómo ese cambio se vea, sino (que) se sienta en el pueblo boliviano, ésa es la enorme responsabilidad que tenemos por ahora”, manifestó el Primer Mandatario durante su discurso de inauguración del Año Judicial 2013.
Ayer, por primera vez, se presentó de manera conjunta el informe de gestión del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia. Cada uno de los presidentes de esas tres instancias judiciales resaltó los logros que alcanzaron durante el primer año de gestión, luego de ser elegidos como autoridades judiciales a través del voto popular en octubre de 2011.
Al terminó del acto protocolar, el presidente Morales junto a los demás presidentes y magistrados del Órgano Judicial bailaron en el hall del Tribunal al ritmo de tarqueadas interpretadas por un grupo autóctono. La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, también se sumó a la fiesta improvisada, aunque se negó a hacer declaraciones.
Guerrero plantea reestructuración de Fiscalía
Tras denunciar que recibió un Ministerio Público sin autoridad, extorsionador y corrupto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, desechó el trabajo de su antecesor, Mario Uribe, y planteó una nueva estructura institucional para lavar la imagen de la Fiscalía. Guerrero hizo la afirmación durante la inauguración del Año Fiscal en presencia de autoridades del área y la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón. Este diario no halló a Uribe para conocer su versión.
“Hemos llegado a un Ministerio Público debilitado, que venía de un proceso de de-sinstitucionalización, a una entidad con falta de autoridad, que no contaba con los mínimos procedimientos ni reglamentos administrativos de gestión fiscal y de control al interior de esta vieja institucionalidad”, expresó.
Durante su discurso-informe, que contempla el periodo del 23 de octubre al 31 de diciembre de 2012, Guerrero hizo un diagnóstico de la situación económica institucional y de infraestructura del Ministerio Público. “Hemos encontrado un Ministerio Público débil y sin capacidad institucional para responder a la persecución penal del delito e implementar una política criminal en el país, estigmatizado por la corrupción, por la extorsión, por la retardación de justicia”, agregó la autoridad.
Ante ese diagnóstico, el Fiscal General del Estado anunció que este mes comenzarán auditorías a todos los casos en los que se ha rechazado o sobreseído los procesos. Un equipo de fiscales revisará cada uno de los casos para conocer si los fiscales actuaron en el marco de la ley o favorecieron a intereses individuales o colectivos. También identificó como un reto la implementación de la nueva carrera fiscal, que forme y capacite a profesionales.
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