El debate fiscal en Estados Unidos se ha convertido en un tema recurrente que mantiene en vilo al mundo en general y a las economías de América Latina y el Caribe en particular. El acuerdo alcanzado hace unos días permite un breve respiro al evitar, por el momento, que la economía estadounidense caiga barranca abajo, metafóricamente hablando, arrastrada por el peso de su desequilibrio fiscal. La mala noticia es que esta solución no aleja de modo definitivo los problemas a resolver. La próxima ronda de negociaciones sobre los límites al endeudamiento (debt ceiling) y los recortes fiscales se augura complicada por la creciente brecha que separa a demócratas y republicanos.
Nuestra región ha seguido con atención las discusiones sobre el llamado “abismo fiscal”, en virtud de las graves implicaciones que genera la incierta gobernabilidad fiscal en el país del norte. Se trata de no posponer más un pacto político que defina el nivel del endeudamiento, la estrategia de financiación vía emisión de dólares o activos en esta moneda, los ingresos y el gasto público.
La incertidumbre impone riesgos relevantes a nuestras economías. En primer lugar, introduce una mayor volatilidad en los mercados que complica el manejo de las políticas monetaria, cambiaria y financiera. Asimismo, esta incertidumbre desestabiliza decisiones de consumo, producción e inversiones afectando negativamente el crecimiento de la economía estadounidense en particular y de la economía mundial en general. Esto se traducirá en una disminución de los flujos comerciales internacionales con efectos negativos sobre las perspectivas de crecimiento de nuestra región.
América Latina y el Caribe, y especialmente México, América Central y el Caribe, están fuertemente vinculados a la economía estadounidense y son particularmente sensibles a la magnitud, el timing y el estilo que adopte la estrategia fiscal en Estados Unidos. Los países de América del Sur tampoco están exentos de los probables efectos negativos que esta situación puede implicar.
La economía estadounidense se apresta a atravesar en 2013 (y los años subsiguientes) un territorio plagado de abismos que, para resolverse, requerirán de una mayor voluntad y capacidad de arribar a consensos. Antes de mediados de año se pondrá de nuevo sobre la mesa la necesidad de aumentar el techo de endeudamiento del Tesoro. Hoy nadie duda de la urgencia de implementar algún tipo de ajuste que frene el crecimiento insostenible de la deuda pública estadounidense y todo el mundo entiende que este déficit fiscal se ha venido acumulando desde los primeros años del nuevo siglo, por los recortes de impuestos y aumento del gasto militar. El impacto de las estrategias a seguir sobre el necesario ajuste y su impacto en el nivel de actividad no es insensible a la magnitud y el timing del ajuste ni tampoco a la estructura del mismo. E s fundamental intentar minimizar el sesgo distributivo regresivo del ajuste. Es decir, evitar cortes en gastos sociales y en infraestructura productiva y social y más bien optar por disminuir gastos militares y/o aumentar los impuestos sobre la renta especialmente de los que reciben mayores ingresos, coincidiendo por cierto con los planteamientos del Presidente Barack Obama.
El mundo deberá repensar senderos para convivir con un déficit fiscal estructural estadounidense que algunas estimaciones ubican entre el 5% y el 6% del PIB. La financiación de este déficit implicará un continuo aumento de la oferta de activos financieros denominados en dólares, combinado con mayor demanda de estos activos por parte de las economías emergentes, incluyendo los países de nuestra región para evitar la apreciación de sus monedas.
Por eso es preciso insistir en la necesidad de que los participantes de la discusión política sobre gobernabilidad fiscal en Estados Unidos asuman con responsabilidad el rol histórico que les toca cumplir. Es una llamada a que se predispongan a generar consensos que permitan un sendero previsible de mediano plazo que evite costos políticos altos e irreversibles.
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