La huelga de hambre que se lleva a cabo en la prisión militar estadunidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, y en la que según abogados defensores participan más de un centenar de internos –las autoridades carcelarias sostienen que los presos en ayuno son alrededor de 40–, ha superado ya dos meses, en medio de signos de deterioro en la salud y aumento en la desesperación de los reos.
El domingo pasado el diario estadunidense The New York Times publicó una carta firmada por el preso yemení Samir Naji al Hasan Moqbel, en la que afirma haber bajado 15 kilos desde el inicio del ayuno, el 10 de febrero, y denuncia prácticas inhumanas del personal carcelario contra los participantes en la protesta, los cuales son alimentados a la fuerza mediante tubos.
Significativamente, un día antes de dicha publicación se produjo un enfrentamiento entre custodios y presos de Guantánamo en el que los primeros utilizaron balas no letales contra los segundos con el pretexto de salvaguardarla salud y la seguridad de los detenidos.
Los tratos degradantes e inhumanos a los que son sometidos los internos hacen recordar el carácter de Guantánamo como un espacio de negación rotunda de la legalidad, y como ejemplo vergonzoso de la red criminal montada por la Casa Blanca en tiempos de George W. Bush para secuestrar, encarcelar y torturar a presuntos terroristas o ciudadanos del mundo árabe y musulmán que pudieran ser considerados como tales por Washington.
Debe recordarse que la mayoría de los cautivos en ese sitio no sólo han debido enfrentar durante más de una década un trato en extremo cruel, sino también han padecido la negación de prácticamente todos sus derechos humanos y su colocación en una suerte de limbo jurídico: sin ser juzgados y sin recibir sentencia de autoridad judicial alguna, y sin ser reconocidos como integrantes de una fuerza militar enemiga, lo que al menos les habría garantizado el estatuto y los derechos reservados a los prisioneros de guerra.
A la fecha, y pese a que la propia administración de Obama ha señalado que 87 de los 166 presos de Guantánamo no representan amenaza alguna contra la seguridad de Estados Unidos y cuentan con el visto bueno para ser liberados, Washington ha decidido no actuar de conformidad con ese diagnóstico y mantenerlos en cautiverio. Otro tanto ocurre con la promesa de cierre de Guantánamo, formulada por Barack Obama durante su primera campaña presidencial, la cual ha sucumbido ante las presiones y el poder fáctico del complejo industrial-militar y de grupos ultraconservadores de la nación vecina.
Tales hechos, indicativos de una degradación política, legal y moral de la que la superpotencia no ha podido recuperarse, socavan la autoridad moral de Washington para condenar actos de terrorismo como el ocurrido el pasado lunes durante el maratón de Boston.
A fin de cuentas, el propio gobierno estadunidense, con el supuesto fin decombatir el terrorismo, ha sido promotor consuetudinario de acciones que encajan en la categoría de terrorismo de Estado, como el arrasamiento militar de Irak y Afganistán, el bombardeo de civiles inocentes con aviones no tripulados –que han cobrado la vida de 175 niños en Afganistán, Yemen y Pakistán desde 2004– y, desde luego, la persistencia de los secuestros de inocentes, 166 de los cuales languidecen, en contra de toda ética y de cualquier marco legal, en el campo de concentración de Guantánamo.
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