Ante el cada vez más evidente cambio en el enfoque de Estados Unidos del problema de las drogas, es hora de que la nueva realidad tenga eco en Colombia.
En más de una ocasión se ha insistido desde estos renglones en la necesidad de replantear la lucha contra las drogas. Hoy crece el consenso en torno a que el enfoque criminal no ha dado los frutos esperados y, al contrario, tiene a las cárceles de Estados Unidos, así como a las de Colombia y las de otros tantos países del área, atestadas de consumidores, que no van a encontrar allí salidas a su problema de adicción.
Es, por lo tanto, una muy buena noticia el giro que ha dado Estados Unidos en esta materia. Según se supo el martes, el acento de su política antidrogas estará por primera vez en la prevención, en concordancia con la que cada vez se consolida más como tendencia mundial.
Para hacer realidad los planes, la Casa Blanca le ha pedido al Congreso 10.500 millones de dólares, 16 por ciento más de lo destinado este año a programas encaminados a evitar y tratar el consumo. En la estrategia se imparten instrucciones a las agencias federales para que amplíen sus programas en tal sentido, se insta y da herramientas a los médicos para intervenir en caso de encontrar síntomas de adicción y se expande el acceso al tratamiento a quienes han caído en las garras de este flagelo.
Es un hecho que el clima correspondiente está cambiando; se comienza a abandonar el terreno de lo penal para entrar en el de la salud pública. Algo determinante aquí es lo que piense al respecto la opinión pública del país del norte, que elige a los congresistas, que son quienes finalmente tienen buena parte de la sartén por el mango. En este campo se registró un hecho significativo hace unas semanas, cuando, por primera vez desde la década de los 60, una encuesta de alcance nacional arrojó que son más los estadounidenses a favor de legalizar la marihuana. Recordemos también el reciente voto a favor de la despenalización del consumo recreativo del cannabis en los estados de Washington y Colorado.
Así, parece revertirse una tendencia que data de la década de los 70, cuando se quiso tejer una relación directa entre consumo de drogas y criminalidad, lo que, de contera, trajo una buena dosis de estigmatización de las minorías –afrodescendientes y latinos– como causa del problema, desconociendo que el uso de dichas sustancias es transversal a toda la población, sin distingo de condición étnica o económica.
Por esta parte del mundo comienzan a darse las primeras puntadas. Ya en la Cumbre de las Américas en Cartagena el año pasado, se acordó la necesidad de explorar caminos alternativos, los mismos que ya han señalado los expresidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso. En Bogotá, el alcalde Gustavo Petro ha sido un abanderado de este cambio de paradigmas y ha empezado por implementar los centros de atención a los drogodependientes.
No obstante estos pasos en la dirección correcta, persiste la pregunta de hasta qué punto es sostenible mantener aquí, a un altísimo costo, el viejo enfoque. El rostro sonriente con el que ayer partió hacia Estados Unidos alias ‘Fritanga’ sugiere que, al dejar de ser la extradición la temida arma de otrora, quizás es hora de volver a sincronizar agendas y revisar conjuntamente prioridades.
Esto porque el péndulo se está moviendo en el país del norte y es hora de que en Colombia se refleje la nueva realidad. Cada vez es más difícil entender, en palabras del mismo presidente Santos –quien también le apuesta al nuevo enfoque–, que acá se siga persiguiendo a campesinos mientras allá se le abren nuevos espacios al consumo del ‘varillo’.
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