Aunque los problemas de la seguridad interna en los Estados Unidos aparecen intempestivamente, como ocurrió con el atentado perpetrado durante la maratón de Boston, las esperanzas de que en las próximas semanas avance el proyecto de reforma migratoria se avivan y crecen.
Esta misma semana, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Robert Menéndez, dijo que espera que el proyecto de reforma migratoria sea votado antes del receso del 4 de julio, previo debate durante junio.
En muchos sectores vinculados al tema, incluso nacionales, las expectativas no son tan optimistas, aunque de todas formas las posibilidades de que salga a luz la ley de regularización son bastante altas.
Ante ello, es necesario volver la vista a la manera en que las autoridades guatemaltecas (y también en las organizaciones o comunidades interesadas en nuestros compatriotas radicados en Estados Unidos) se preparan para dar el soporte, en todos los sentidos, y atender a esas decenas de miles de personas que requerirán ayuda.
En nuestra Mesa 21 que presentamos hoy, la Redacción de este diario conversa con la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Alejandra Gordillo, quien, si bien es amplia en cuanto a la forma y prioridad con que se debe atender a nuestros compatriotas, admite que no necesariamente estamos preparados para ello.
En las semanas recientes fuimos testigos de la manera en que, desde la Dirección General de Migración, las autoridades se vieron en serios aprietos para dotar de cartillas de pasaportes en Guatemala, no digamos en los consulados en Estados Unidos. Si bien el tema se ha ido regularizando, a fuerza de medidas extraordinarias, el mensaje que queda es que podríamos mostrarnos ineficientes y tardíos de cara a una pronta aprobación del plan de regularización.
Cae por su peso asumir que miles y miles de guatemaltecos que viven y trabajan en la nación del norte, sin documentos legales, tratarán, en un corto período de tiempo de tener documentos personales de identificación, aparte de una urgente necesidad de asesoría para completar expedientes y formularios complejos.
¿Están los consulados preparados financiera y humanamente para dar semejante servicio? ¿Contemplarán los planes inmediatos esa tarea? ¿Habrá capacidad de cohesión de esfuerzos con las organizaciones privadas de migrantes?
De las respuestas a estas interrogantes, por así decirlo, depende en buena medida que la mayor cantidad de ellos regularice su situación migratoria y, consecuentemente, siga siendo ese pilar que hasta ahora representa el envío de remesas para la economía nacional.
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