Edited by Laurence Bouvard
La vida de un inmigrante indocumentado en los Estados Unidos no es color de rosa. Cuando pisa suelo estadounidense comienza a sufrir una pesadilla sin fin. El primer obstáculo es conseguir un empleo digno, pero cuando lo logra, despierta a la dura realidad: le pagarán por debajo del salario legal.
Los empresarios deshonestos se frotan las manos porque saben que se ahorran dinero cuando contratan a un latino sin papeles en vez de un ciudadano legal afroamericano o un anglo. Como le pagan muy poco, el inmigrante busca otro trabajo y su vida familiar se deteriora. Tiene que enviar dinero a su país y con lo poco que le queda sobrevive.
Un indocumentado vive humillado, discriminado y con miedo, escondiéndose de la policía y de los oficiales de inmigración que lo persiguen como delincuente.
Barack Obama dijo en su visita a México que “este es el momento y es lo correcto” para la reforma migratoria. Él dice saber que al ser un acuerdo con los republicanos podría tener “un marco básico” y no contener “todo lo que él quiere”. Pero ¿qué propone Obama? ¿Por qué no es claro? Los Estados Unidos requieren del inmigrante porque la mano de obra es útil y necesaria. ¿Estarían dispuestos los empleadores a pagar salarios más altos, servicios médicos e impuestos?
Seamos realistas: para la sociedad estadounidense y su economía es conveniente mantener a los inmigrantes en las sombras. El ciudadano común, incluyendo los hispanos legales, no estaría dispuestos a asumir el aumento del costo de los productos de consumo familiar que se verían afectados por la nueva carga laboral. Grupos conservadores pagan costosos estudios con el fin de asustar a la gente, mostrándole que legalizar a los indocumentados le constaría a los contribuyentes U$6.3 mil millones a largo plazo. El anteproyecto de reforma recomienda legalizar solo a los indocumentados que carecen de antecedentes penales, pagan impuestos y cancelen una multa por la violación de haber entrado al país sin permiso. No tendrán oportunidad los que fueron detenidos en dos ocasiones al cruzar la frontera. Los que son casados en Latinoamérica y contrajeron matrimonio en los Estados Unidos. Quienes incurrieron en delitos en sus países reportados por la Interpol. Los que no pagan manutención de sus hijos. Los que, por error o ignorancia, quebrantaron la ley aunque sea con una infracción menor de tráfico. Los que usaron número de seguro social comprado en el mercado negro, aunque hayan pagado impuestos. La lista de obstáculos continúa. La estadística dice que son 11 millones de personas, pero se sospecha que son más. ¿Cuántos podrán superar las barreras?
Para que una reforma tenga éxito, el gobierno debería estudiar caso por caso y en muchos de estos tendría que hacerse el de la vista gorda, porque sino los afortunados serán pocos.
Por otra parte, ciertos soñadores creen que podrán cruzar la frontera y ser beneficiados. Eso no es cierto. Quédense en sus países, porque la reforma aplicará solo a quienes hayan vivido y respetado las leyes de los Estados Unidos, por mucho tiempo. Aquí, por ahora, no hay sueño, la pesadilla continúa.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.