Detalles de un plan de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con presupuesto de seis millones de dólares destinado a desestabilizar al gobierno de Cuba fueron descubiertos gracias a que los documentos contentivos de éste fueron enviados, por línea desprotegida y sin ser clasificados como secretos, a funcionarios de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana.
Según pusieron de manifiesto las revelaciones a causa del error, la iniciativa SOL-OAA-13-000110 de la USAID lanzada el 10 de julio de 2013 estaba destinando esa suma al financiamiento del trabajo de al menos 20 organizaciones contrarrevolucionarias que habían solicitado esos fondos para llevar adelante las tareas subversivas que les habían sido encomendadas “para derribar al régimen comunista”.
Los detalles del plan involuntariamente divulgado incluyen propuestas de presupuesto, formularios para observar y evaluar el progreso del plan, organigramas y algunas experiencias derivadas de otros proyectos desestabilizadores diseñados para Cuba al calor de la ley Helms-Burton aprobada por el Congreso estadounidense en 1996 para reforzar el bloqueo.
La citada Ley, en su sección 109, autoriza al gobierno a “brindar asistencia y dar apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba”, eufemismo que fundamenta y legaliza la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba en flagrante violación de la legalidad internacional.
La USAID se subordina directamente a la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano y oficialmente tiene como principales tareas las de ofrecer créditos para el desarrollo, asistencia técnica, fondos para emergencias, y otras formas de ayuda a países extranjeros. Es harto conocido, sin embargo, el uso que hace el gobierno de Estados Unidos de esta agencia para sus acciones de injerencia en los asuntos internos y la desestabilización de otros países en función de los intereses de su política exterior.
La USAID ha tejido en América Latina una tenebrosa historia injerencista que ha traído como consecuencia que, en no pocas ocasiones, sus representantes en naciones del área hayan sido expulsados de sus territorios declarándolos personas no gratas en aras de la defensa de sus soberanías nacionales.
Por ser una agencia gubernamental, la USAID suele utilizar para el desempeño de sus tareas de base, a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que a su vez pueden tener a otras sub-contratantes cuyos directivos y personal en general no es propenso a cumplir con ciertas formalidades que a ella le son exigibles por su carácter gubernamental.
Una buena parte de estas ONGs que asumen actividades por contratos con la USAID no son ni “no gubernamentales” ni independientes, sino ficciones creadas para la realización de tareas turbias que a su vez generan manejos turbios de los fondos.
Ello se ha puesto de manifiesto en conflictos entre las supuestas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que fomentan la “democracia” en Cuba y la USAID. Sobre todo porque la mayor parte de los beneficiaros últimos de estas acciones son organizaciones contrarrevolucionarias cubanas radicadas en la isla o en Estados Unidos que, por su carácter ilegal y/o escabroso, no hacen practicable medidas apropiadas de control financiero.
Los dirigentes y voceros de las ONGs se quejan de la falta de “seguridad” con que se maneja la agencia norteamericana y los supuestamente exagerados pedidos de información sobre sus actividades que obstruyen sus trabajos.
La organización Freedom House, con sede en Washington, devolvió voluntariamente una “subvención” de 1,7 millones de dólares destinados a llevar a cabo acciones contra Cuba en 2011 luego de quejas de que la USAID estaba pidiendo “demasiada información” sobre cómo los fondos iban a ser usados, incluyendo las identidades y los planes de viaje de los participantes.
Las ONG que tienen a su cargo la ejecución directa en el terreno de las acciones terroristas o propensas a ser detectadas por los llamados a ser perjudicados, consideran que las peticiones de información de USAID las hacen más onerosas y “aumentan el riesgo de lo que hacemos”. Tales inconvenientes estuvieron presentes en el caso del plan arriba mencionado de 6 millones de dólares para desestabilizar al gobierno cubano que fue descubierto a causa de que la USAID no tomó las medidas de seguridad necesarias y dejó “al descubierto” las cantidades exactas y los objetivos de cada acción que formaban parte del plan.
Es, sin duda, muy curioso que una ONG se niegue a informar de las tareas que se proponen acometer sus enviados cuando ellas se suponen destinadas a “fomentar el desarrollo democrático” en un país al que dicen beneficiar.
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