En la respuesta a la tragedia del colapso del edificio Rana Plaza de Bangladesh se va trazando una diferencia cada vez más amplia entre las grandes empresas textiles europeas y las estadounidenses. Si hace unos meses las divergencias surgieron en el grado de compromiso en la mejora de la seguridad de los talleres de confección, últimamente lo han vuelto hacer en las compensaciones económicas a las familias de las 1.132 víctimas mortales y los cerca de 2.000 heridos por el derrumbe del pasado abril.
La catástrofe de Dacca el pasado 24 de abril sacudió las conciencias de Occidente y de sus gigantes de la moda, que prometieron mejorar las condiciones laborales del que, gracias a sus salarios dramáticamente irrisorios, es el segundo productor mundial textil, por detrás de China. Ocho meses después las promesas han cristalizado en varios acuerdos de mejora a largo plazo, aunque unos más concretos que otros; pero la mayoría de las víctimas siguen sin haber recibido ninguna indemnización. Es un escenario en el que parecen sentirse cómodas las compañías de Estados Unidos, que se han desentendido de lo sucedido y han optado por mirar hacia adelante, centrando sus esfuerzos en evitar nuevos accidentes.
“Lamentablemente mientras algunas firmas europeas y canadienses están al frente de los esfuerzos para pactar las indemnizaciones, ninguna norteamericana ha acordado participar en el proceso”, explica Liana Foxvog, directora de organización y comunicación del Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF, por sus siglas en inglés), una entidad civil con sede en Washington que integra la campaña contra la precariedad laboral de los talleres de Bangladesh.
En el momento del derrumbe del Rana Plaza, levantado con materiales de pésima calidad sobre un terreno pantanoso, se confeccionaban prendas para dos empresas de EE UU: Children’s Place y Chto Fashion. Hasta unos meses antes también se tejía ropa para Wal-Mart, la mayor cadena minorista del mundo y el segundo mayor cliente de todas las fábricas de Bangladesh, por detrás del gigante sueco H&M. Tras el colapso, Children’s Place, una marca popular de niños, prometió otorgar una indemnización a las víctimas pero con el transcurso de los meses se ha ido desentendido, según lamenta Foxvog en conversación telefónica.
En cambio, Wal-Mart rechazó “al instante” participar en cualquier proceso de compensación alegando que ya no tenía ninguna línea de producción en ese complejo. “Sin embargo, habían hecho órdenes significativas de pedidos en 2012, y teniendo en cuenta que se beneficiaron del lugar deberían haber cumplido su responsabilidad de identificar los problemas que había en el edificio e informar a los empleados de los riesgos que afrontaban trabajando allí, en vez de simplemente redirigir sus órdenes a otras fábricas y marcharse”, denuncia.
De momento, la única empresa que ha pagado una indemnización es la anglo-irlandesa Primark, una de las principales clientas del Rana Plaza. Ha abonado 16.000 taka (unos 200 dólares) a cada uno de los supervivientes y a los familiares de los fallecidos. Se trata del equivalente a cerca de seis meses de salario, teniendo en cuenta que Bangladesh sigue pagando el sueldo mínimo más mísero del mundo. Esos tristes 38 dólares al mes que han atraído en masa a las firmas occidentales y han enquistado la precariedad en el país asiático a cambio de surtir la ropa barata de medio mundo.
Recientemente, explica Foxvog, Primark se comprometió a hacer un segundo pago de la misma cantidad, a la vez que el minorista canadiense Loblaw hacía una promesa similar. Ambos grupos junto al italiano Benetton, el español El Corte Inglés y el británico Bonmarché -que también tenían prendas fabricadas en el inmueble derrumbado- son los únicos que han firmado el acuerdo global de compensación que preparan desde septiembre la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de Bangladesh -al que se ha acusado de ser cómplice de la tragedia-, los sindicatos y las organizaciones civiles. Todas estas cadenas comerciales, salvo Benetton, anunciaron el martes, coincidiendo con los ocho meses de la catástrofe, un acuerdo preliminar para crear un fondo de indemnización que debería alcanzar los 40 millones de dólares. Al margen de las tres estadounidenses, también se han opuesto a suscribirlo grandes empresas europeas, como la española Mango, que había hecho un pedido de prueba, y la francesa Carrefour.
Mientras se libra la batalla por las reparaciones, el conjunto del sector lucha por mejorar las condiciones laborales de su día a día. A mediados de noviembre, alrededor de 200 fábricas a las afueras de Dacca hicieron un día de huelga para exigir un aumento salarial. Una comisión integrada por representantes gubernamentales, empresariales y sindicales propuso elevar el sueldo un 77%, de los 38 dólares actuales a 68, pero los empleados del textil reclaman que llegue hasta los 104. Se trata, no obstante, de un precario círculo vicioso de oferta y demanda, pues los empresarios locales argumentan que ese incremento es imposible si las multinacionales extranjeras no les pagan más como proveedores, algo a lo que estas no parecen estar nada dispuestas. En junio la Administración de EE UU suspendió algunos privilegios comerciales de los que gozaba Bangladesh como presión a las autoridades, lo que contrasta con la posición de tibieza de las empresas estadounidenses.
Pero más allá del sueldo desolador, muchos de los heridos del Rana Plaza no pueden ni siquiera volver a trabajar, como consecuencia de las graves secuelas -como amputaciones- e intensos dolores derivados del colapso. De hecho, prácticamente la totalidad de los supervivientes no lo han hecho, según una encuesta de la ONG Action Aid. “Se encuentran en una situación extremadamente desesperada”, advierte la portavoz del Foro Internacional de Derechos Laborales. El derrumbe del edificio ha empobrecido a los empleados -la inmensa mayoría eran mujeres jóvenes, que cobraban entre 38 y 102 dólares al mes- y está lastrando su futuro más inmediato y el de sus allegados: “Es extremadamente importante que reciban alguna compensación porque hay familias que han tenido que sacar a sus hijos del colegio y mandarlos a trabajar porque no tienen otro modo de conseguir comer. Algunos trabajadores no pueden costearse las visitas de seguimiento con los médicos, por lo que no se recuperan de sus lesiones y no tienen ninguna posibilidad de encontrar otro empleo”.
Según algunos analistas, la oposición frontal de todas las empresas estadounidenses -que importan el 30% del tejido que produce Bangladesh, aún por detrás de los niveles de las europeas- a participar en el proceso de reparación a las familias se debe al temor de que al hacerlo estarían admitiendo su participación en posibles negligencias, lo que podría acarrearles acciones judiciales y ensuciar más su imagen. Pese a ello, en casos como el de Wal-Mart, su reputación ya ha quedado muy en entredicho por su profunda dependencia de las fábricas textiles de Bangladesh -a las que compra cada año cerca de 1.000 millones de dólares en ropa- y por estar muy salpicado por otros accidentes en el país.
Seguramente el mejor ejemplo es el incendio de la fábrica de Tazreen, en noviembre de 2012, en el que fallecieron 112 trabajadores. En el momento del suceso, cinco de las catorce líneas de producción estaban confeccionando prendas para Wal-Mart, según revelaron documentos hallados en los talleres tras el fuego. Sin embargo, la mayor cadena minorista del mundo se sacudió cualquier responsabilidad, adujo que la producción no estaba autorizada y se ha negado, igual que en el desastre del Rana Plaza, a participar en el proceso de indemnización global, que puede rondar los seis millones de dólares. En Tazreen también se elaboraban prendas para otras cuatro empresas de EE UU, entre ellas Sears. Todas se han opuesto a conceder compensaciones.
Hay otro caso más reciente: el pasado octubre se desató otro incendio en una fábrica de Bangladesh, en el que murieron ocho personas. Y en ella también se tejían textiles para Wal-Mart, así como para la estadounidense Gap y H&M. El ILRF ha pedido, sin éxito, a todas estas enseñas de EE UU que participen en las compensaciones por los tres sucesos, aunque ha puesto más énfasis en Wal-Mart por su implicación en todos ellos y por su envergadura empresarial. Y ante todos los reclamos, el líder de los hipermercados ha optado por la misma estrategia: mirar solo hacia el futuro, limitándose a un compromiso de mejora de los talleres. “Nuestro objetivo es impactar positivamente en las prácticas globales de la cadena de suministro, incrementando nuestros propios estándares y asociándonos con otros para mejorar las condiciones del conjunto de trabajadores del sector. Seguiremos invirtiendo en programas proactivos para prevenir tragedias”, respondió Rajan Kamalanathan, vicepresidente de asuntos éticos de Wal-Mart, al correo electrónico que le envió la organización para urgirle a participar en las indemnizaciones por el colapso del Rana Plaza. El departamento de comunicación de la empresa no contestó al correo electrónico de este periódico en el que se pedía su posicionamiento respecto al proceso de indemnización.
En los últimos meses, Wal-Mart ha anunciado que ha intensificado sus inspecciones a sus fábricas en Bangladesh. Gap, que trabaja con 70 talleres en el país, ha hecho comunicaciones similares. Los dos gigantes se aliaron en mayo para desmarcarse de la iniciativa de las compañías europeas e impulsar su propio acuerdo para mejorar la seguridad en el sector textil, que emplea a cerca de cuatro millones de personas. Crearon la Alianza por la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, a la que se han sumado la mayoría de las grandes empresas de EE UU que tienen prendas producidas allí, como Target, Sears o J.C.Penney. Su rechazo al convenio europeo -denominado Plan Contra Incendios y por la Seguridad, y promovido por la española Inditex y H&M- lo justificaron en el recelo a posibles demandas judiciales por parte de los sindicatos.
La principal diferencia entre ambos acuerdos, según explica Foxvog, es que el impulsado por las europeas es legalmente vinculante al obligar a las compañías a costear parte de las mejoras de seguridad requeridas en los talleres textiles, mientras que el estadounidense no lo es e incluye préstamos. “Al final es una cuestión de tener que pagar más dinero en seguridad”, subraya. Además, el pacto europeo -al que se han sumado 125 empresas, algunas de ellas norteamericanas, como Abercrombie & Fitch, American Eagle o Fruit of the Loom- da más voz a los sindicatos mientras que el estadounidense sigue dejando todo el poder en manos de las compañías.
No es un asunto nada baladí si se echa un vistazo a los trágicos antecedentes. En el incendio de Tazreen los trabajadores, tras alertar del olor a humo, fueron obligados a volver a sus puestos porque los patronos creyeron que era una falsa alarma, aunque por si acaso, para evitar huidas, les cerraron con llave las puertas de esa planta, lo que acentuó la catástrofe cuando ya fue evidente que el fuego era bien real. O qué decir del Rana Plaza: tras ver grietas en la pared los empleados pidieron no volver al día siguiente pero sus superiores los amenazaron con retirarles un mes de sueldo si lo hacían. Al día siguiente el edificio, repleto de personas, se colapsó. Con estos antecedentes de fondo, la representante del ILRF resume muy nítidamente su sentir: “Dar a los trabajadores la posibilidad de tener voz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en Bangladesh”.
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