No hay lugar a dudas, ni siquiera para las Farc: desde hace muchos años el conflicto colombiano ha estado marcado por la intervención directa de Estados Unidos, potencia que incrementa su tecnología en interceptaciones, espionaje electrónico y uso de los más variados “juguetes bélicos”.
Es secreto a voces que el gobierno de Álvaro Uribe, en su afán por mostrar resultados, unió esfuerzos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para concretar las operaciones que acabaron con la vida de varios jefes guerrilleros. La entrada en escena de las llamadas bombas inteligentes, lanzadas desde aviones de la Fuerza Aérea con la asesoría y directa participación de los gringos, permitió que la Fuerza Pública colombiana asumiera la iniciativa en el conflicto.
El gobierno Santos mantuvo estos acuerdos y asesorías, secreto que los analistas conocíamos, al igual que las Farc. Tampoco es novedad que estas han recibido colaboración de varios países y de algunas organizaciones terroristas en aspectos de asesoría e inteligencia, y que sostienen relaciones con multinacionales que suministran armas y adquieren cocaína: viven de la guerra y necesitan que el conflicto se perpetúe. Claro que, en ese contexto, las Farc también han limitado mucho su espacio.
Pero la guerrilla ha perdido muchas posibilidades en el ámbito internacional como para que pretenda prolongar la guerra. En cambio, crece abrumador el respaldo al proceso hacia un acuerdo de paz: el gobierno Santos y las mismas Farc cuentan con este activo en el contexto internacional; pero si tal acuerdo no se concreta, recibiría un significativo apoyo el gobierno de Santos, en asesoría, inteligencia y capacidad militar para golpear a la insurgencia. Un escenario que prolongaría aún más la pesadilla de los últimos 50 años.
Por esas razones, se tienen que consolidar los diálogos de La Habana: que no se queden en el análisis de los hechos propios del conflicto, que les han permitido al Gobierno y a la Fuerza Pública mejorar sus condiciones militares; y, sobre todo, que no se generen opciones para que la ultraderecha los obstaculice.
EE. UU. ha participado directamente en el conflicto colombiano, y creo que en muchas oportunidades lo azuzaron y que patrocinaron a fuerzas oscuras para alimentar el sangriento escenario de batalla. Lo que afirma el ‘Washington Post’ es cierto, pero no podemos quedarnos allí y, menos, convertirlo en pretexto para entorpecer los diálogos. Por el contrario, acabar el conflicto es a la vez una oportunidad para cerrarles el camino a esas prácticas intervencionistas.
Pero también hay que decir y creer que existe un ambiente distinto en los EE. UU. y en otros países para apostarle decididamente al proceso de paz y acompañar a los colombianos en la ruta de la reconciliación.
Nota: la autorización del gobierno de Santos para que el cantante de las Farc, ‘Julián’, se vincule como negociador de las Farc en La Habana no debería extrañar a nadie. ¿Quién autorizó, en su momento, la salida de la cárcel de ‘Granda’? Así han sido muchos otros casos, propios de estos procesos, que exigían esa determinación.
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