Durante años la extradición a Estados Unidos se tenía como un arma intimidante contra los grandes narcotraficantes, pues se entendía que en esa jurisdicción se enfrentaban a jueces más duros, sanciones más drásticas y a las mayores posibilidades de guardar prisión sin privilegio por los delitos y el daño cometido contra las sociedades.
El temor a la extradición, incluso, desató cruentos desafíos de los carteles de narcotráfico contra Estados como el de Colombia. En otras naciones, como ésta, los capos locales desataron intensas batallas legales para evitar enfrentar la Justicia estadounidense.
Hoy la historia ha cambiado.
Al parecer a Estados Unidos sólo le interesa resolver sus asuntos, sin importar que los crímenes o el daño cometido en las sociedades de donde proceden los extraditados sean purgados.
Negocian con los criminales extraditados sin tomar en cuenta los intereses del país que extradita.
Está ocurriendo entonces un fenómeno inverso.
Los grandes narcotraficantes prefieren ser extraditados a Estados Unidos, pues allí tienen la posibilidad de juicios con bajo perfil, negociar condenas benignas y hasta retener parte importante de las fortunas obtenidas con sus actividades criminales.
Incluso, en la generalidad de los casos no se comparte de manera oficial con República Dominicana las informaciones suministradas por esos capos que pudieran servir para atacar las estructuras criminales locales. Son acuerdos desventajosos y obliga a que haya un replanteamiento.
La extradición debe ser un instrumento de cooperación entre las naciones en el combate del crimen, no un mecanismo para burlar las sanciones judiciales y sociales dominicanas.
Algo está fallando y hay que corregirlo.
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