An Unspeakable Report

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Un Informe Infame

El manido y repetitivo informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana, incluye esta vez un aspecto que desnuda abiertamente la intención de Estados Unidos, a veces oculta en el manto diplomático, de vulnerar de manera consciente y expresa, sagrados e irrenunciables principios de soberanía y autodeterminación.

Washington se autodesigna ombligo del mundo, con autoridad para juzgar y condenar naciones firmantes de la Carta de Constitución de Naciones Unidas, a ojos y conveniencias de propios intereses económicos y geopolíticos, a través de informes que abordan también temas de terrorismo, narcotráfico y trata de personas, sin que en ningún momento el Tío Sam acepte ser juzgado por jurisdicciones internacionales.

Esta vez, el gendarme ha ido muy lejos al acusar al Gobierno y al Estado dominicanos de violar derechos humanos de inmigrantes y de sus descendientes, la mayoría haitianos, al negarles la nacionalidad, con lo que sin mencionarlo se asocia a la infamia que se propaga en el exterior de que aquí se promueve la apatridia.

A pesar de que en lo referido a República Dominicana, ese informe hace énfasis en mentados crímenes extrajudiciales, a violencia intrafamiliar o prejuicios de género, élites políticas estadounidenses, alentadas por fundaciones y ONG, han procurado siempre encasillar al gentilicio nacional como ente violador de derechos de inmigrantes con fuerte vocación a la esclavitud.

La sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance del soporte jurídico relacionado con la nacionalidad y la inmigración, ha servido de pretexto para que esos grupos de poder consoliden una acusación mendaz contra el Estado dominicano, con la aviesa intención de vincularla a la asistencia técnica y económica que suplen la Casa Blanca y el Congreso estadounidense.

Hay que insistir en que Estados Unidos, con toda su estructura de poder político y económico, carece de moral para llamar la atención de una nación que procura organizar y regular el flujo inmigratorio y que ha esclarecido cabalmente el alcance de las figuras universales del jus solis y el jus sanguinis, y que además, por vía de un fallo del juez de control constitucional ofrece las vías para que los indocumentados y sus descendientes regularicen su estatus migratorio.

La Cancillería ha cumplido con su deber y obligación al objetar con toda vehemencia ese infame informe, cuyo contenido colisiona con la soberanía nacional y marca una línea intervencionista que el Gobierno y pueblo dominicanos declaran inaceptable, especialmente en la clara intención de vedar el derecho del Estado a fijar el alcance de la nacionalidad y reglamentar la migración.

Tal y como proclamó el Ministerio de Exteriores, en lo relacionado con ese informe, solo se le otorga algún valor al papel sobre el cual fue redactado, por lo que se agrega que incurrido en un gran desperdicio, lo mejor sería que el Departamento de Estado se acogiera a normas de reciclaje de desechos sólidos.