Obama: niños de regreso y más agentes
El presidente Barack Obama se cansó de esperar. Está harto de que el Congreso no actué en cuanto a una reforma migratoria y actuará por sí solo en esto que ha sido una prioridad en su segundo periodo. Su plan está abierto, espera recomendaciones y lo anunciará cuando el verano termine. Por lo pronto ha pedido más agentes y más recursos para vigilar la frontera con México y que se acelere el proceso de deportaciones de los más de 52 mil menores que desde octubre pasado han llegado solos a los Estados Unidos.
La decisión del mandatario significa que no habrá reforma migratoria en un futuro cercano y lo más seguro es que tampoco se dé en lo que queda de su administración. Esto a pesar de que Obama venía buscando cambios a las leyes migratorias y el camino a la ciudadanía para más de once millones de personas que viven y trabajan aquí sin documentos, para bien de la economía y de las familias, pero también para concluir su mandato con una victoria significativa.
Sin embargo, el hecho de que Obama ignore al Congreso y cambie algunos reglamentos abre otro capítulo negativo en la política interna del presidente e inicia una nueva batalla con los republicanos, con quienes nunca ha podido ponerse de acuerdo en cuanto a la reforma de salud, el presupuesto, los gastos del gobierno y un control más estricto de las armas. Después de todo, el líder conservador de la Cámara baja, John Boehner, la semana pasada habló de la posibilidad de demandar legalmente al mandatario por extralimitarse en sus poderes y hacer cambios por decreto presidencial, como fue el caso de los derechos a los homosexuales y el pago justo e igual a hombres y mujeres.
Ahora tenemos enfrente los cambios en inmigración. Donde por cierto el poder del mandatario es bastante limitado. Le ha pedido al secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, y al procurador de Justicia, Eric Holder, que le sugieran medidas que no requieran aprobación del Congreso. Pero ha solicitado a ese cuerpo legislativo que le otorgue más poder para deportar rápidamente a los menores, en su mayoría centroamericanos que han llegado sin sus padres. La política hasta ahora era que Washington no enviaba de regreso a niños que cruzaban la frontera solos.
En lo que va del gobierno de Obama se ha deportado a cerca de dos millones de personas y aunque según la Casa Blanca las deportaciones se han enfocado en criminales e individuos peligrosos, en muchos casos han sacado del país a inmigrantes trabajadores decentes y padres de familia que no cometieron delitos o acaso una falta de tránsito.
Entre las medidas concretas que Obama podría tomar, está el extender la acción ejecutiva que tomó en 2012 cuando permitió que los llamados soñadores, jóvenes que fueron traídos cuando niños, permanecieran aquí con estatus legal sin miedo a ser deportados. Grupos de activistas quieren que el presidente extienda ese permiso a los padres de estos jóvenes y a otros trabajadores que contribuyen a la economía.
Piden que el presidente prohíba que autoridades locales en los pueblos y ciudades hagan el papel de agentes federales, exigiendo pruebas del estatus legal de quienes viven en sus comunidades, lo que hasta el momento sólo ha servido para facilitar deportaciones. Sugieren que Obama otorgue un perdón presidencial masivo a los millones de inmigrantes ilegales que no les brindaría la ciudadanía, pero les permitiría vivir y trabajar aquí legalmente. El presidente tiene la autoridad para hacerlo, pero no se espera que la use, después de todo es uno de los mandatarios que menos perdones ha emitido en su presidencia.
Los republicanos argumentan que la actual crisis en la frontera demuestra que la reforma migratoria no puede tener lugar mientras las fronteras no estén ‘aseguradas”. Lo cual significa no sólo que en este gobierno no se dará y quizás tampoco después del 2017, porque frontera segura nunca habrá. A lo largo de la historia nunca ha habido una frontera en el mundo que sea impenetrable o que con decisión no se pueda cruzar.
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