La protección de los derechos humanos de los menores migrantes es un desafío de orden moral y diplomático. El éxodo masivo de niños hacia Estados Unidos no puede ser tratado como meros efectos colaterales del contexto socioeconómico que se vive en Centroamérica. El tema exige que los países de la región asuman su responsabilidad colectiva.
Las críticas que han surgido por la pasividad con que se ha abordado el tema en la región obligaron a los gobiernos de los tres países a solicitar una audiencia al presidente estadounidense Barack Obama para buscar soluciones al tema en Washington. Reunión que se llevará a cabo el 25 de julio en la Casa Blanca.
El encuentro con Obama no debe ser desaprovechado por los gobernantes centroamericanos para solicitar una reforma migratoria integral y plantear la necesidad de mayor cooperación estadounidense destinada al desarrollo social en el Istmo. En una carta al Congreso del 30 de junio, Obama pidió 3.7 millardo de dólares. El mandatario ha dicho que destinará 161 millones de dólares este año a la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana para financiar los desafíos más urgentes de seguridad y gobernabilidad de la región.
El gobernante estadounidense tiene claro que el éxodo de los menores es producto de las desigualdades sociales que existen en la región, para ello plantea entre sus estrategias trabajar con otros miembros de la comunidad internacional para promover el desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad del área. Con el fin de atajar la raíz de lo que identifica como el detonante de la migración centroamericana: inseguridad y falta de oportunidades para los jóvenes en sus países de origen.
El vicepresidente estadounidense Joseph Biden en su reciente visita a Guatemala manifestó que la migración de menores proseguirá mientras persistan las condiciones sociales de “pobreza, inseguridad y ausencia de un Estado de derecho” en los países de la región.
El contexto en que se realizará la reunión con Obama es propicio para que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras insistan en la reforma migratoria que beneficiará a millares de ciudadanos de los tres países que no han regulado su situación migratoria en Estados Unidos. Asimismo, para que se conceda protección a los niños recluidos en albergues de Texas y Arizona y se vele por el respeto a sus derechos esenciales.
Esta oportunidad no debe ser infructuosa, especialmente por las reuniones que sostendrán los gobernantes de la región con senadores y congresistas estadounidenses, a quienes deben insistir en la necesidad de la reforma migratoria dada la negativa de los republicanos en la Cámara de Representantes a aprobarla pese a que ya fue avalada por el Senado el año pasado.
Ojalá el éxodo masivo de los menores centroamericanos sea un punto de partida para alcanzar la ansiada reforma migratoria en Estados Unidos.
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