The West’s Dilemma

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El pago de rescate de secuestrados por yihadistas plantea una dura disyuntiva a los Gobiernos

EL PAÍS 23 AGO 2014 – 00:00 CEST

La exigencia de un rescate de 100 millones de euros a cambio de la vida de James Foley añade más vileza si cabe al asesinato del periodista estadounidense perpetrado por el Estado Islámico (EI). Una semana antes de hacer público un vídeo con el degollamiento del informador, la organización remitió un correo electrónico a su familia demandando la cifra, obviamente imposible de pagar para cualquier ciudadano medio, pero al alcance del Gobierno de Estados Unidos. Washington —que a principios de verano envió sin éxito fuerzas especiales a Irak para rescatar a los rehenes— se mantuvo firme en la línea que sigue en estos casos: no hay negociación posible con el terrorismo ni cesión alguna al chantaje. En su verborrea autojustificativa, el verdugo del EI aseguró matar a Foley en respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre sus posiciones en Irak. Ni mención alguna, desde luego, al dinero.

Nunca se sabrá si Foley hubiera sido igualmente decapitado en el caso de que se hubiera pagado el rescate, pero de lo que no cabe duda es de que los secuestros de civiles occidentales se han convertido en una lucrativa fuente de financiación para diversos grupos terroristas yihadistas. Y ante esta situación, la respuesta de la comunidad internacional ha sido dispar. Oscila entre la negativa absoluta a cualquier tipo de negociación, pasando por el recurso a intermediarios locales o internacionales que ayudan a desbloquear la situación —como hizo España en el caso del secuestro en 2008 de una cooperante en Somalia— y terminando en aquellos casos en que los Gobiernos, de una manera alejada de la publicidad, se supone que han decidido pagar por el rescate de sus ciudadanos.

Ninguna de las opciones es fácil y todas generan dilemas no solo de carácter moral, sino también político y de seguridad. Por principio, ningún Estado de derecho puede ceder al chantaje de esas organizaciones criminales. Pero para ser efectiva, esta postura debe ir acompañada de un compromiso casi total entre los países democráticos en no transigir por muy complicadas y dolorosas que sean las circunstancias. Además del dolor que causan a ciudadanos particulares, los secuestros, no pueden servir para financiar nuevos actos criminales contra las mismas sociedades que pagan los rescates. Las organizaciones yihadistas sin duda tienen otras fuentes de financiación, pero lo ideal sería que la de los secuestros quedara definitivamente cerrada.

Sin embargo, la realidad siempre es más compleja que los principios abstractos por muy fuertes que sean. Cada secuestro es diferente, como lo son cada país al que pertenece el secuestrado y cada organización que perpetra el crimen. Juzgar a los diferentes Gobiernos, aplaudiendo a unos y condenando a otros por lo que hacen en estas situaciones no conduce a nada. Solo dificulta más la necesaria coordinación internacional ante esta plaga. Y regocija finalmente a los terroristas ante la patente división creada.