Falacias sobre la seguridad fronteriza y la reforma inmigratoria
¿Puede un país acostumbrado a recibir un promedio de sesenta millones de visitantes abrumadoramente documentados que cumplen con la ley sellar sus fronteras sin poner en peligro el mismo Estado de Derecho que defiende, su economía y su relación con el mundo exterior?
La seguridad fronteriza es un poderoso argumento esgrimido por los críticos de la inmigración. Incluso aquellos que abrazan la inmigración tienden a condicionar la reforma al hecho de que se aseguren las fronteras.
El proyecto de ley de inmigración aprobado por el Senado es un ejemplo perfecto. La primera sección está dedicada a la seguridad fronteriza y la tercera a la aplicación interna de la ley. El proyecto dispone más fondos y burocracia para este propósito y condiciona la larga transición hacia la residencia permanente para los inmigrantes indocumentados a la aprehensión del 90 por ciento de los que intentan escabullirse dentro del país.
Uno de los problemas de hacer una conexión condicional entre la seguridad fronteriza, una preocupación muy legítima, y la inmigración, es que la “seguridad” puede referirse aquí a cosas muy distintas: el principio de que la violación de la ley por parte de los recién llegados es inaceptable y la amenaza del terrorismo.
El gobierno de los EE.UU. ha venido endurecimiento la protección fronteriza y el aparato de aplicación de la ley durante décadas. La amnistía firmada por Ronald Reagan en 1986 exigía tales medidas. Reforzar los controles y el cumplimiento de la ley es también una razón por la cual en la década de 1990, bajo el gobierno de Clinton, muchos migrantes mexicanos temporales decidieron permanecer en este país. El presidente Obama gastó 8 mil millones de dólares (billones en inglés) reforzando la seguridad fronteriza el año pasado con la ayuda de 21.000 miembros de la patrulla fronteriza, tecnología sofisticada y una valla que tiene varios cientos de kilómetros de largo. Un obvio reflejo de las cambiantes percepciones, la inmigración, una vez materia del
Departamento de Trabajo y luego del Departamento de Justicia, se encuentra actualmente en el área de la Seguridad Nacional.
Esto no ha sido suficiente para detener la inmigración ilegal. La desconexión entre la ley y la realidad por lo general da lugar a los mercados negros. Este ha sido el caso de la inmigración. Irónicamente, el mercado ha sido un mejor regulador que las autoridades, ya que, debido a las condiciones económicas, entre 2005 y 2010 la inmigración neta se redujo a cero. Lo cual no quiere decir que la gente haya dejado de venir. Precisamente porque el esfuerzo de varias décadas para fortalecer los controles ha sido poco eficaz, en los últimos cuatro años otras 700 mil personas se han sumado a la lista de indocumentados. La evidencia exige un sistema que conecte a la oferta y la demanda de manera más realista.
Aproximadamente la mitad de aquellos que tratan de colarse son detenidos. ¿Es realista pensar que el sistema será capaz de atrapar al 90 por ciento? No. La obligación de un país de respetar el Estado de Derecho y luchar contra el terrorismo no puede depender de la capacidad de sellar las fronteras y hacer cumplir los controles del Estado policial, que es lo que, llevado a su conclusión lógica, el enfoque basado en la seguridad de algunos críticos de la inmigración significaría. ¿Puede un país acostumbrado a recibir un promedio de sesenta millones de visitantes abrumadoramente documentados que cumplen con la ley sellar sus fronteras sin poner en peligro el mismo Estado de Derecho que defiende, su economía y su relación con el mundo exterior?
Un argumento recurrente plantea que los ataques terroristas en territorio estadounidense demuestran que la seguridad es el asunto primordial en materia de inmigración. Esta es una maniobra distractiva ya que los ataques implicaron un fracaso de la inteligencia y la ley y el orden básicos. De los aproximadamente seis millones de visas emitidas cada año por los EE.UU., una muy pequeña minoría es potencialmente problemática. Lo que va a impedir que los cónsules emitan visas a los terroristas, o anticipen un ataque si obtienen una, no es una política inmigratoria sino una política antiterrorista.
Mohamed Atta, el cabecilla de los ataques del 11 de septiembre, había tenido contactos con organizaciones terroristas durante años pero se le permitió regresar a los Estados Unidos a pesar de haberse quedado más allá del tiempo que le permitía su visa de turista.
Un tercio de las cuarenta y ocho miembros de al Qaeda que cometieron crímenes en los EE.UU. entre 1993 y 2001 eran residentes o ciudadanos, mientras que el tercio restante poseía visas. Las obtuvieron en virtud de que los países en los que se originaron sus viajes no integraban la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. En un mundo en el cual el terrorismo es un blanco móvil, cada país es una fuente potencial. ¿Cómo hubiesen, por ejemplo, un millón de agentes fronterizos y una cuota pequeña que permita a los extranjeros trabajar y vivir en los EE.UU. impedido que estas personas arribasen u obtuviesen la residencia o la ciudadanía?
Incluso unos Estados Unidos convertidos en una fortaleza no hubieran evitado el ataque a la maratón de Boston, ya que los autores se criaron en este país. Una vez más, esta fue una falla de la inteligencia y de la ley y el orden: uno de los terroristas había sido interrogado por el FBI. No estaban vinculados a organizaciones terroristas y desarrollaron sus creencias radicales en los Estados Unidos. ¿Es razonable esperar que la política inmigratoria anticipe quién desarrollará radicales creencias antiestadounidenses décadas después de establecerse en este país? ¿Puede la política inmigratoria prevenir que alguien aprenda a construir un explosivo en Internet?
Sin duda, una política inmigratoria flexible y realista que no genere ingresos ilegales al país es una mejor manera de asegurarse que todo el mundo actúe dentro de la ley y de ayudar a la política antiterrorista a separar el trigo respetuoso de la ley de la paja terrorista.
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